Ganemos Salamanca "aún espera la respuesta a la pregunta ¿Cuándo se va a ofrecer una solución definitiva y satisfactoria para la ciudadanía en el 'caso' Corte Inglés?". Desde la pasada Junta de Portavoces, el Partido Popular está haciendo "equilibrismos con una situación que le ha estallado en las manos y para la que busca culpables. Se comprometió a dar una respuesta en un plazo de cuatro a seis semanas y nuestra portavoz, Virginia Carrera, continúa sin tener noticias tras ese período".

A pesar de sus intentos "por dulcificar la realidad, acusando a otros de entorpecer el proceso, los salmantinos y salmantinas deben recordar que Ganemos no desea, en ningún caso, el cierre o la demolición de El Corte Inglés, sino que se restituya la legalidad y el patrimonio municipal cedido amablemente por los populares para favorecer los intereses de una empresa privada. Cabe preguntarse si el alcalde está en realidad al servicio de la ciudadanía o más atento a las grandes corporaciones y a sus propias aspiraciones políticas, fuera de la ciudad", aseguran desde el Grupo Municipal.

Gabriel Risco aseguró, en comparecencia ante los medios, que “se acusa a Ganemos de entorpecer el proceso y de ponerle trabas, cuando la realidad es que la agrupación de votantes quiere ser parte de la solución. Una solución, no obstante, que debe ser consensuada por todos los partidos políticos y que no puede ser una solución a medida de los intereses del Partido Popular, sino de los intereses de la ciudadanía”.

"Sorprende que se esté demonizando" a su grupo municipal, que "vela por los intereses de todos y que ni siquiera existía cuando el centro comercial abrió sus puertas en situación de alegalidad, con la connivencia del Partido Popular, que es el causante de esta situación y que, pretendiendo negar la evidencia, echa balones fueraante un problema que ellos mismos generaron y que ahora no saben cómo resolver”.

Dicen que se les acusa de "presionar y chantajear al equipo de gobierno municipal, cuando es la  empresa quien amenaza con una demanda al Ayuntamiento de 150 millones de euros. No son los partidos políticos los responsables de que El Corte Inglés en Salamanca se encuentre en una situación de pérdidas estructurales. Nos preocupa la transparencia y la legalidad, y no a otros aspectos de un problema creado por el Ayuntamiento".