Podemos pide que Sanidad estudie riesgos para la salud en Retortillo

El Grupo Parlamentario Podemos ha presentado una Proposición No de Ley, para su debate y votación en la Comisión de Sanidad en las Cortes de Castilla y León, mediante la que se instaría a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León a que, en aras del principio de precaución, encargue la elaboración de un informe independiente sobre las consecuencias y riesgos para la salud del proyecto de explotación a cielo abierto de una mina de uranio en la provincia de Salamanca.

La Proposición, firmada por Isabel Muñoz Sánchez, Procuradora por la provincia de Salamanca y portavoz en la Comisión de Sanidad, explica que “con carácter general, la actividad minera radiactiva, por su naturaleza, finalidad y condiciones de explotación, resulta incompatible con el desarrollo de una economía social y medioambientalmente sostenible”, por lo que conlleva enormes riesgos económicos, ambientales y de salud para la población.

Las especiales circunstancias que rodean a la Concesión de Explotación “Retortillo-Santidad” suscitan, si cabe, mayor preocupación. La zona afectada coincide con las áreas de conservación LIC “Riberas de los ríos Huebra, Yeltes, Uces y afluentes” y ZEPA “Riberas de los ríos Huebra y Yeltes” de la Red Natura 2000.

Además, de manera sobrevenida a la apertura de la mina, la empresa ha promovido la construcción de una planta de fabricación de concentrados de uranio que tiene la consideración de instalación radiactiva de primera categoría del ciclo del combustible nuclear, y este hecho fue omitido en la tramitación de los expedientes urbanísticos iniciales. Como se admite en la Orden IET/1944/2015, de 17 de septiembre, de la Secretaría de Estado de Energía: “existe una interrelación entre la planta de fabricación de concentrados de uranio de Retortillo y la explotación minera de Retortillo-Santidad, ya que, además de compartir el mismo emplazamiento, en el hueco de mina de Retortillo se irán almacenando los estériles de proceso y residuos radiactivos a medida que se generen en la planta”.

Asimismo, la empresa promotora desistió de sus solicitudes de licencia urbanística tramitadas ante los Ayuntamientos de Villavieja de Yeltes y de Retortillo debido a la posible denegación por parte del primero, para tramitar posteriormente un único procedimiento ante este último Consistorio. Por esta razón, el Procurador del Común de Castilla y León ha recomendado tramitar un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental y analizar de nuevo las repercusiones sobre la Red Natura.

Por otro lado el Ministerio de Energía ha acordado la suspensión del procedimiento de autorización de construcción de la mencionada planta de concentrados, con carácter indefinido, hasta la emisión del informe del Consejo de Seguridad Nuclear.

El rechazo social e institucional a la explotación de una mina de uranio a cielo abierto en la provincia de Salamanca es generalizado. El Pleno de la Diputación de Salamanca aprobó el pasado mes de febrero “instar al Consejo de Seguridad de Energía Nuclear, al Ministerio de Economía y Competitividad, como órgano del que depende el Instituto Carlos III y a la Junta de Castilla y León como organizaciones competentes en materia de prevención radiológica, de sanidad, de minas y de medioambiente, a que soliciten un estudio al Instituto de Salud Carlos III que determine las posibles repercusiones que puede tener para los habitantes de la Provincia de Salamanca la apertura y funcionamiento de la mina de Retortillo”.

En este mismo sentido, el Pleno del Ayuntamiento de Salamanca acordó el pasado mes de junio su rechazo al proyecto y la necesidad de encargar un informe sobre las consecuencias para la salud. Además, la Comisión Europea ha abierto una investigación a España por no cumplir sus obligaciones de información en relación con la mina de uranio.

Distintos estudios científicos revelan la existencia de riesgos para la salud asociados a explotaciones mineras de uranio a cielo abierto. Las mencionadas deficiencias procedimentales y las numerosas causas e investigaciones judiciales en curso contribuyen a incrementar las sombras sobre el proyecto y ponen de manifiesto la necesidad de paralizarlo siquiera cautelarmente. Para garantizar la protección de la salud pública y dar cumplimiento al principio de precaución, se impone la necesidad de que la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León adopte las medidas oportunas en ejercicio de sus competencias.

IU critica el "vergonzoso carácter de urgencia para la expropiación de terrenos"

El coordinador regional de IUCyL y procurador en Cortes, José Sarrión, ha lamentado el "vergonzoso" proceso para la expropiación forzosa con carácter de urgencia de 14 lotes de tierra en la zona de Retortillo (Salamanca) para la instalación de una mina de uranio y la planta de beneficio.

Sobre esta actuación, ha criticado la "fe ciega" del Gobierno de la Junta de Castilla y León respecto a un proyecto minero que "va a hipotecar una zona de agricultura y ganadería a cambio de diez años de explotación".

Por ello, ha anunciado que este martes preguntará sobre este asunto de expropiación al presidente de la Administración autonómica, Juan Vicente Herrera, en su turno de control al Gobierno en las Cortes.

Esta iniciativa parlamentaria se sumará así a la "inmensa cantidad" de actuaciones que Izquierda Unida ha protagonizado en el Hemiciclo regional sobre el proyecto minero de Berkeley, además de otras intervenciones llevadas a cabo en otros órganos como el Parlamento Europeo, ha recordado.

Sarrión ha insistido en que es "absurdo" apostar por esta mina de uranio y que es "sorprendente" la vía de urgencia para la expropiación forzosa de terrenos cuando "es impensable que abra a corto plazo" pues actualmente el proyecto de Berkeley está "paralizado en tres instancias diferentes".

El procurador ha reseñado que el Ministerio de Energía ha suspendido "indefinidamente" el permiso a la espera del Consejo de Seguridad Nuclear, a lo que se suma que la Declaración de Impacto Ambiental está "judicializada" en la Audiencia Nacional y la oposición por vía administrativa en "varios municipios de la zona".

De ahí que haya criticado la "urgencia" para que se puedan expropiar terrenos y para que Berkeley pueda "empezar a deforestar y hacer obras", cuando es "impensable" que la mina abra a corto plazo y cuando también duda de que siga adelante "a largo plazo".