Los trabajadores del sector de la construcción, unos 4.900 repartidos en 1.070 empresas, disponen de un nuevo convenio laboral firmado por la Asociación de Empresarios Salmantinos de la Construcción (Aescon) y los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT). Convenio que a priori cuenta en su mayor parte con el visto bueno de la Agrupación Empresarial de la Construcción y Servicios Auxiliares de Salamanca (Aconsa), pendiente de valorar algunos flecos.

Y es que el proceso de negociación ha estado marcado por su judialización. Aescon no reconocía a Aconsa como patronal de la construcción pese a tener a más empresas asociadas, y los sindicatos se encontraban entre la espada y la pared. El conflicto se enquistó además por un plus de formación defendido por Aescon y al que se oponía Aconsa. Finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León falló a favor de Aconsa, integrada en la Confederación de Empresarios de Salamanca (CES), y ratificó punto por punto la sentencia favorable del pasado mes de marzo del Juzgado de lo Social número dos de Salamanca, en la que se le reconocía la legitimidad activa para impugnar por ilegalidad la modificación del convenio colectivo de la construcción de Salamanca propuesto por la patronal Aescon, integrada en la Confederación de Asociaciones de Empresarios Salmantinos (Confaes).

Explica Aconsa que “esta modificación establecía de forma ilegal y para salvaguardar los propios intereses de Aescon, miembro de Confaes, con el apoyo de la Unión General de Trabajadores (UGT), que los empresarios del sector tuvieran que abonar a sus trabajadores, tanto el plus compensatorio de formación como el plus de seguridad”. Pero la Justicia da la razón definitivamente a Aconsa, “con el consiguiente ahorro para los empresarios del sector, por lo que no es necesario obtener ningún certificado para su tranquilidad”.

Además, la sentencia también insiste que la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la Construcción, formada por Aescon, UGT y CCOO, se extralimitó de sus funciones para imponer nuevas condiciones económicas, lesivas para las empresas, y puntualiza que Aescon no reúne los requisitos pertinentes para que la modificación pactada sea de eficacia normativa a todos los empresarios de la construcción de Salamanca.