Ganemos Salamanca ha presentado una ampliación de la denuncia penal relativa al caso Aceinsa que presentara en octubre de 2017 por un presunto delito de prevaricación administrativa ante la prórroga en el contrato adjudicado en 2011 a la empresa, vencido en 2015 y vigente de forma indefinida en la actualidad, lo que a su juicio ha supuesto casi 2,8 millones de euros de pagos indebidos.

"La adjudicataria se encarga de la señalización horizontal y vertical en la ciudad y su actual prórroga se mantiene a pesar de los informes contrarios y reiterados del interventor municipal", afirman los concejales Gabriel Risco y Pilar Moreno. Ello motivó que el grupo presentara la ampliación de la denuncia hace un mes, con el objeto de “sumar más indicios y pruebas” sobre esta actitud presuntamente prevaricadora y delictiva del alcalde y sus tenientes de alcalde, que “se pusieron de acuerdo” para adjudicar el contrato de alumbrado público también a Aceinsa en contra de la Ley, tal y como ya ha establecido la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Dicho contrato fue adjudicado “a toda costa” a Aceinsa “en contra de todos”, la Mesa de Contratación, el secretario general y el interventor, "y de forma ilegal, tal y como demuestra sentencia delTribunal Superior de Justicia del 27 de noviembre de 2017". Para Ganemos, estos son “hechos consumados con graves perjuicios para la ciudadanía, pues habrá que indemnizar a la empresa a la que se debió de adjudicar legalmente”.

Para Ganemos el caso Aceinsa deja claro que “lo que ocurre en el Ayuntamiento de Salamanca que el alcalde y el PP lo utilizan a su antojo para fines particulares y para beneficiar a sus empresas amigas, lo que perjudica el interés general de la ciudad y niega oportunidades a otras empresas o pequeños autónomos”, asevera el concejal de Ganemos Gabriel Risco. “¿Y cómo lo hacen? Utilizando a las y los funcionarios que previamente han puesto a dedo y saltándose los informes del funcionariado que no puede mover, como el interventor”, concluye.