Ganemos pide que los contratos menores realizados en el Ayuntamiento de Salamanca tengan una mayor “transparencia, publicidad, concurrencia e igualdad de oportunidades de todas las empresas y personas autónomas” en el acceso a los mismos. Por eso, el grupo ha elaborado una propuesta con objetivo de que sea debatida en la Comisión Informativa de Bienes y Contratación.

Esta mañana, los ediles Virginia Carrera y Gabriel Risco han detallado que el objetivo básico es evitar los “contratos a dedo”, como ya sucedió con la instalación de césped artificial en los alcorques de la ciudad (58.000 euros concedidos “a escondidas” o los contratos de ingeniería civil (en total, casi 1 millón de euros al año).

De igual modo, Ganemos propone reducir el ámbito de aplicación de los contratos menores, de manera que estos tengan un límite de 3.000 euros, lo que supone bajar la cuantía que actualmente recoge la nueva Ley, que considera contratos menores los de valor inferior a 40.000 euros (en caso de obras) e inferiores a 15.000 euros (servicios y suministros).

Para facilitar el acceso a este tipo de contrataciones, Ganemos considera imprescindible, además, que en cada departamento del Ayuntamiento tenga su propio registro público proveedores y licitadores que permita a las empresas (personas físicas o jurídicas) acceder a los contratos menores mediante un sistema de rotación.

Esta misma propuesta ha sido aceptada ya por la Sociedad Municipal Turismo, Comercio y Promoción Económica, dependiente del Ayuntamiento, por lo que Ganemos asevera que su aplicación es también posible en el resto de entes de titularidad municipal e incluso en el propio Consistorio.

Ganemos recuerda que el Pleno del pasado 9 de octubre de 2015, el Ayuntamiento aprobó una moción sobre el tema, una propuesta que actualmente se está pasando por alto. En concreto, recogía “aprobar la creación de un Registro de Proveedores del Ayuntamiento de Salamanca para la celebración de los contratos menores con transparencia y publicidad”. Se aprobó también que la medida entrara en funcionamiento el 1 de enero de 2016, y salió a delante pese al voto en contra del equipo de Gobierno del PP, puesto que la oposición en bloque la respaldó.