La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso ha remitido este miércoles al Gobierno una petición de paralización del proyecto de construcción de la mina de uranio en Retortillo (Salamanca).

Asimismo, ha solicitado confirmación de la reducción de radioactividad en la pedanía de Palomares (Almería); y explicaciones sobre el traslado de dióxido de uranio radiactivo de larga duración al almacén de residuos de baja y media actividad de El Cabril (Córdonba), entre otras medidas.

En este documento, acordado con anterioridad por la mayoría de las fuerzas políticas en la Cámara, en la ponencia creada para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la Comisión ha reclamado el Ejecutivo un plan de desmantelamiento de las centrales nucleares, así como las modificaciones legislativas necesarias para establecer un sistema de financiación para estos proyectos, entre otros puntos.

Según ha informado Equo Castilla y León, a través de un comunicado remitido tras la celebración del encuentro, el informe de la Ponencia "ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Energía".

En él, el coportavoz de EQUO y miembro de la Ponencia nuclear, Juantxo López de Uralde, ha afirmado que, dentro de la Comisión, "el Congreso ha pedido la paralización del proyecto de la mina de uranio de Berkeley en Retortillo".

"Esto es una muestra decisiva del rechazo político que genera esta instalación. Por eso esperamos que esa decisión sea tenida en cuenta y finalmente se paralice este proyecto tan destructivo", ha añadido Equo en la información remitida a Europa Press.

Asimismo, tal y como ha continuado la información ecologista, el informe también insta al Gobierno a "facilitar toda la información pertinente al gobierno portugués" y, en cuanto al Consejo de Seguridad Nuclear, le pide "remitir un informe sobre el estado en que se encuentra la evaluación de la solicitud de autorización antes del mes de julio de este año".

"Es una buena noticia para toda la región. Los proyectos extractivos que atentan contra nuestro territorio no traerán porvenir, sino graves consecuencias para los negocios de la zona, el turismo, la salud de las personas y el medioambiente. Esperamos que el cierre definitivo se produzca cuanto antes", ha declarado la coportavoz de EQUO en Castilla y León, María José Bueno.