La sede popular en Salamanca ha sido el escenario este jueves de la presentación de la Ley de Ordenación y Funcionamiento de la Red de Protección a personas y familias en riesgo de vulnerabilidad. El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad el pasado 13 de junio en sesión plenaria de Las Cortes de Castilla y León, y supone, según han explicado los procuradores salmantinos Salvador Cruz y Concepción Miguélez, cumplir un doble compromiso. Por un lado, aquel fijado con el diálogo social, sindicatos y patronal, y por otro, el que el presidente Juan Vicente Herrera adquirió con los ciudadanos y con sus derechos.

De hecho, en palabras de Salvador Cruz, “Castilla y León se sitúa a la vanguardia de la atención a la persona con mayor necesidad porque el PP tiene a la persona como el centro de sus políticas”. En colaboración, eso sí, con organismos del tercer sector y las entidades locales, para quienes ha tenido palabras de agradecimiento, así como hacia el resto de grupos del hemiciclo que han apoyado con su voto esta iniciativa que pretende dar respuesta a situaciones de extrema necesidad.

Según las cifras que han ofrecido los procuradores populares, durante el año 2017 se atendió a 190.539 personas en el conjunto de Castilla y León con un gasto por encima de los 191 millones de euros. Para el nuevo ejercicio 2018, está previsto un aumento del 9% hasta llegar a los 207 millones de euros de gasto y superar las 200.000 personas atendidas. En Salamanca, se atendió a 18.427 personas con un coste 17,2 millones de euros, la tercer provincia con mayor alcance solo por detrás de Valladolid y Burgos. En total, hubo 295 familias en Salamanca que tuvieron apoyo económico.

Por su parte, Concepción Miguélez ha reiterado que esta ley coloca a la comunicad castellano y leonesa en una posición puntera en el conjunto del país y ha destacado la importancia del consenso alcanzado en el hemiciclo regional. “Esta ley no se basa en el asistencialismo, sino en los derechos. Es un instrumento permanente, que no se fundamenta en un periodo de crisis, de atención ordinaria y habitual que afecta a los beneficiarios con mayor vulnerabilidad social”, ha incidido.

Según ha explicado la procuradora albense, la nueva red incorpora 11 nuevas prestaciones hasta alcanzar 34 bajo su paraguas. Estas ayudas están distribuidas en tres bloques: recursos de protección y de atención a necesidades básicas de subsistencia, recursos de atención con acceso prioritario y recursos para la inclusión social y laboral. Además, con la nueva ley, cuatro de estas prestaciones pasan a ser derechos subjetivos de los ciudadanos, como el servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio, prestación económica por deuda hipotecaria, para el alquiler de vivienda habitual y como provisión inmediata de alimentación. “Es una experiencia única y el PP con esta ley demuestra que es el partido de las personas, especialmente de aquellos que pasan por más necesidades”, ha concluido Miguélez.

Sin favoritos para el Congreso

El Partido Popular está sumido en pleno proceso de renovación de sus cargos tras la moción de censura impulsada contra Mariano Rajoy, que le apartó del Gobierno, y tras su renuncia posterior al acta de diputado y a la Presidencia del partido. En este sentido, los procuradores salmantinos no han querido hacer campaña por ninguno de los militantes que se someterán al voto de los afiliados en el próximo congreso del partido y que ya han presentado su candidatura.

“Sabemos quienes son los candidatos. Y es importante hablar de las personas, pero también de las ideas. Tenemos que esperar a ver qué ofrecen como rearme ideológico para liderar al Partido Popular. El PP tiene un plantel magnífico de posibles presidentes de futuro, que han demostrado su capacidad y esperamos que haya un debate sereno”, ha sostenido Salvador Cruz. En la misma línea, Concepción Miguélez ha destacado que su partido está inmerso en un proceso democrático en el que “los afiliados tendrán voz y por supuesto voto”.