CSIF denuncia el incumplimiento por parte del Ministerio de Política Territorial y Función Pública junto con el de Hacienda del acuerdo parlamentario que incluyó en los Presupuestos Generales del Estado una partida presupuestaria que elevaba el Complemento Específico de los Examinadores de Tráfico tras más de cinco meses de huelga, y que cabe recordar fue desconvocada por expresa petición de los grupos políticos que aprobaron esta partida, entre ellos el PSOE actualmente gobernante.

Después de cuatro meses de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 el Ministerio que dirige Meritxell Batet ex aequo con el de María Jesús Montero, Ministra de Hacienda, aún no ha dado cumplimiento al acuerdo retributivo con el colectivo de examinadores, que recordamos, pertenecen al Ministerio del interior, pese a que si lo ha hecho con otros colectivos del mismo Ministerio como son la Policía y la Guardia Civil.

"No entendemos si la diferencia de trato se debe al hecho diferencial de portar armas o solo un bolígrafo, pero la cuestión es que desde la DGT ven con impotencia y terror como puede volver a reproducirse el conflicto por culpa de la inacción y la falta de noticias de los Ministerios encargados de dar cumplimiento al acuerdo emanado del lugar donde reside la soberanía popular, el Congreso de los Diputados y que un pequeño órgano administrativo, compuesto por funcionarios de Hacienda y Función Pública, la Comisión Interministerial de Retribuciones, no está aplicando el acuerdo de todos los grupos políticos", afirma CSIF.

El sindicato mayoritario en la Administración, que asegura siempre ha apoyado en sus reivindicaciones al colectivo examinador, ha realizado ya la recomendación, como primera medida de advertencia, que se dejen de hacer horas extraordinarias y que el colectivo viene realizando para desatascar las más de 200.000 pruebas atrasadas.

CSIF se hace eco de la posibilidad, que volverá a apoyar de producirse, de una nueva huelga desde el próximo diciembre, convocada por la Asociación de Examinadores, que aglutina al colectivo examinador, "si en inmediatas fechas no se resuelve tan kafkiana e indignante situación a la que tiene sometido al colectivo, y por extensión a la DGT y las empresas de formación que dependen para su negocio de este Organismo Autónomo, estos dos ministerios, y del que responsabilizamos directamente a ambas ministras".