Hay que romper con el tópico de que “la corrupción no es patrimonio de nadie sino simplemente, lo es de la sociedad en general". Pues es precisamente el elevado número de casos de corrupción, sobre todo a nivel político, el que está generando una sociedad con individuos menos honrados, y por supuesto no al revés.

Numerosos estudios sociológicos demuestran que en aquellas sociedades donde hay mayores índices de corrupción política, se dan también los mayores índices de fraude fiscal, fraude laboral y a la seguridad social y además se cometen el mayor número de actos delictivos basándose en el engaño, con el objetivo de buscar un beneficio propio en perjuicio de terceros, tales como apropiaciones  indebidas, manipulaciones contables, estafas, sobornos, blanqueos de dinero y capitales, abusos de posición de mercado de grandes empresas.

Se puede afirmar que en aquellos países donde hay grandes índices de corrupción política se produce un campo de cultivo de bacterias, que pueden llegar a comprometer y atacar a la honradez individual. En la mente de los individuos de todas  las sociedades, se enfrentan por lo general dos ideas contrapuestas y que guían sus acciones y son, por un lado el afán de obtener máximo el beneficio personal y por otro lado el querer ser honrado o, al menos, tener una imagen honrada de uno mismo.

Es precisamente el equilibrio entre ambas ideas lo que se puede desajustar dependiendo de nuestro entorno. Pues está más que demostrado que los valores de honradez individual son más fuertes y están más asentados  en aquellos países que tienen bajos índices de corrupción política. Dicho de otro modo, en los países con menos casos de corrupción, la gente es más honrada. Es la prevalencia de la corrupción, la que termina por hacer que los individuos de una sociedad se vuelvan menos honrados y no al revés.

La corrupción es un problema de primera magnitud en muchos países y entre ellos España. En España desde 1978 se han documentado miles de casos de corrupción en ayuntamientos, comunidades autónomas y a nivel estatal. Con una media actual de 10 casos de corrupción al mes, y miles de personas detenidas desde que se inicio la democracia en España, las cifras que estiman cuánto nos cuesta la corrupción son muy variadas, pero las menos alarmantes estiman que nos cuesta alrededor de 1.000 euros por español y año y las más concienzudas lo cifran en 2.000 euros por español y año, es decir entre 45.000 y los 90.000 millones de euros al año.

Pensemos como estaría a día de hoy la hucha de las pensiones, La sanidad, la educación, el estado de la investigación y el desarrollo, la innovación, los salarios y  el desempleo en España si se hubiese reducido la corrupción a la mínima expresión. Puedo afirmar que si la corrupción en España, que es, en  más del doble superior a la media de la Unión Europea, se hubiese situado en dicha media, en 2019 España superaría con creces la renta per cápita a países como Francia, Reino Unido o Japón  y estaríamos a la par, con países tan ricos como Finlandia.

¿Y qué medidas podemos adoptar para intentar erradicar la corrupción que tanto daño hace y ha hecho tanto a España como a los españoles?

Propongo 10 medidas que permitirían en un breve lapsus de tiempo erradicar gran parte de la actual corrupción:

1ª. Control férreo del cumplimiento de la ley de contratos del sector público, que entró en vigor el 9 de marzo de 2018 y  por la que se transponen al ordenamiento jurídico español ,las Directivas Comunitarias 2014/23/UE y 2014/24/UE y que garantiza la transparencia y una mayor facilidad de acceso a la contratación pública para las PYMES.

2ª. Todos los actos de las administraciones públicas que supongan la generación de un gasto que implique pagos a terceros., deberían estar explicitados de forma clara y comprensiva para todos los españoles en la red, en internet.

3ª. Se debe promover la aprobación de una Ley  de Protección a Testigos y Personas Denunciantes de Actos de Corrupción, para facilitar y estimular las denuncias, así como establecer las medidas de protección a las que tendrían acceso los funcionarios  públicos y particulares que las realicen.

4ª. Aunque hace más de 20 años que se creó  la Fiscalía Anticorrupción, que ha  dado muy buenos resultados, a pesar de la escasez de efectivos, falta aún por crear los juzgados especializados en la investigación de causas de corrupción, dotados de medios materiales y personales suficientes para garantizar procesos justos y sin dilaciones injustificadas de tiempo.

5ª.Total despolitización del Tribunal de Cuentas y exigencia de mayor responsabilidad jurídica a la hora de no identificar correctamente hechos punibles que estuviesen presentes en la información auditada.

6ª. Reducir a la mínima expresión la posibilidad de que empresas de auditoría privadas auditen cuentas de entidades y organismos del sector público. Dándose además difusión pública de sus informes y auditorías y de la remuneración que perciben a cambio de sus servicios.

7ª Prohibición legal de la condonación implícita o explícita de deudas a los partidos políticos por parte de las entidades de crédito y financieras.

8ª. Reducción sustancial del personal eventual al servicio de las administraciones públicas(Es decir, del nombrado a dedo). Así como garantizar la limpieza en todos los procesos de selección de personal que realicen las administraciones y organismos públicos, empresas así como fundaciones y empresas públicas de forma que se garanticen de forma real los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función y empleo público.

9ª. Se debe educar desde primaria hasta la universidad en valores éticos sobre convivencia y bien común que cree una cultura ciudadana anticorrupción. Además todos los colegios profesionales, empresas que contraten con el sector público o realicen actividades de comercio exterior deberían contar con un Plan de cumplimiento normativo que incluya un canal de denuncias que asegure la indemnidad y anonimato del denunciante.

10º. Se deberían articular mecanismos de valoración por parte de los ciudadanos de la gestión realizada por los responsables políticos en sus cargos, en especial en la materia de gestión urbanística, y premiar de algún modo a los más valorados.

CONCLUSIÓN:

Si de verdad se quiere erradicar la lacra de la corrupción que tanto coste económico y social (pérdida de valores morales y principios éticos) nos ha generado y sigue generando en España, se requiere un pacto de todas las fuerzas políticas contra la corrupción, una Constitución Ética, que sea de obligado cumplimiento para todos los partidos y actores políticos, que prevea un gran órgano institucional independiente que vele por su cumplimiento.

Como asesor de la ejecutiva nacional de Contigo Somos Democracia y candidato a la alcaldía de Salamanca por este partido, asumo el compromiso de velar en la medida de mis posibilidades, por erradicar la corrupción de la vida pública, por trabajar en la elaboración y asunción por parte de todos los partidos que obtengan representación en el ayuntamiento, diputación y Junta de CyL de un código ético de conducta, que también, deberán acatar todos los funcionarios y empleados públicos, así como las  personas y empresas que quieran contratar o percibir ayudas del ayuntamiento.

A nivel personal asumo los compromisos de garantizar a los vecinos de Salamanca una  mayor transparencia en la gestión de los asuntos públicos de nuestro municipio, así como el de respetarles y tener en cuenta sus opiniones,   poniendo a su disposición todos los canales posibles que permitan la participación ciudadana en los mismos.