El actual Ayuntamiento de Monterrubio de Armuña tendrá que hacer frente a una sanción, por un importe de 6.251 euros, impuesta por el Juzgado de lo Social Nº 1 de Salamanca tras rechazar el recurso presentado por el anterior alcalde, Manuel José Moro, y el equipo de gobierno del PP, contra un sentencia que condenaba al primer edil al pago de esa multa o sanción por incumplir la legislación laboral y derechos constitucionales.
En el año 2016 el anterior alcalde del PP del municipio, Manuel José Moro, fue condenado a readmitir a una trabajadora del Consistorio, que realizaba las labores de Ordenanza-Alguacil, tras declarar el juzgado nulo su despido por parte del primer edil.
Dicha sentencia condenaba al anterior alcalde a la readmisión de la trabajadora en las mismas condiciones laborales, y con las mismas funciones en el desempeño de su trabajo, que dicha trabajadora tenía antes de sus despido, algo que el señor Manuel José Moro no cumplió, y que provocó, tras varias inspecciones de trabajo que el señor Manuel José Moro, y por tanto el Ayuntamiento de Monterrubio de Armuña, fuera sancionado con una multa por un importe superior a los 6.000 euros. Multa contra la que se presentó recurso en su día, recurso que ahora ha sido desestimado por el Juzgado de lo Social y que, por tanto, tiene que hacerse efectiva y ser pagada por el actual equipo de gobierno y por la Corporación actual por culpa del anterior equipo de gobierno municipal del PP y su irresponsable gobierno tanto en este, como en otros asuntos que han sido heredados.
La ejecución de esta sentencia va a suponer un duro varapalo para las arcas municipales del Consistorio y, por tanto, para los bolsillos de todos los vecinos, que ya de por sí se encuentran o se han quedado en una situación de precariedad fruto de la mala gestión del anterior alcalde, el popular Manuel José Moro, por su negligente labor al frente de la Corporación durante los últimos años.
Un nuevo gasto fruto de la mala actuación de la anterior Corporación y del anterior alcalde que se suma a lo ya pagado, y lo que se tendrá que pagar, para hacer frente al coste en procuradores, abogados, costas judiciales y salarios de tramitación por haber tomado una decisión arbitraria e injusta, el despido de una trabajadora, tal y como confirmó la justicia en primera sentencia con su decisión condenatoria declarando la nulidad de dicho despido. Y por empecinarse en la prolongación de un proceso judicial por puro capricho personal e interés particular.
Un hecho que no es aislado en los años en los que el PP y Manuel José Moro han estado al frente de este Consistorio, con una gestión caracterizada por algún despido más, multitud de procesos judiciales y, por tanto, el despilfarro y un mal uso de los recursos públicos.