Federico Martín, presidente provincial de CSIF, recibe a los lectores de NOTICIASCYL SALAMANCA en la sede que el sindicato tiene en la avenida Italia de la capital del Tormes. Durante la charla, Martín hace una reflexión sobre el sindicalismo actual, denuncia prácticas ilegitimas que, a su juicio, realizan otras organizaciones, y dibuja una panorámica sobre el estado actual de los servicios públicos en Salamanca.

Además, el líder sindical carga contra el exceso de asesores políticos en la cúpula de la administración, defiende la promoción del funcionarias y explica hasta dónde están dispuestos a llegar para lograr la devolución de la jornada de 35 horas y otra serie de cuestiones, como la implantación de la carrera profesional en determinados sectores, la convocatoria de plazas para adecuarse a la demanda ciudadana o la equiparación salarial con el sector privado.

-¿Cuál es el estado de salud del sindicato en la provincia de Salamanca?

-Estamos muy conformes con la marcha del sindicato como tal. Es muy significativo que, desde que esta ejecutiva tomara las riendas en el verano del 2016, la afiliación prácticamente se ha duplicado. Estamos hablando de en torno a un 45% más de afiliación en este periodo de tres años y medio largos, que llegará a los cuatro este verano. En ese aspecto agradecemos mucho la confianza que los salmantinos están teniendo en CSIF y esperamos que sea una respuesta al trabajo que hacemos, que está muy enfocado a las necesidades de los trabajadores.

-¿Por dónde debe ir el sindicalismo en los tiempos que corren?

-Yo siempre tengo a gala hablar de la 'I', de Independiente, dentro de CSIF. Creo que uno de los problemas que está teniendo el sindicalismo en España, y en Salamanca también, es que está muy anclado en el pasado. Al igual que en la política parece que las estrategias de la Transición ahora no son las que los ciudadanos demandan, tenemos claro que, ahora, los sindicatos de clase tampoco son los que responden a las nuevas necesidades de la sociedad y de los trabajadores. Eso es lo que nos está haciendo pedir a nivel nacional, reunidos con la ministra de Trabajo y la ministra de Función Pública, esta línea de trabajo: se necesita un sindicalismo para el siglo XXI. Diferente. Hay que romper con la concepción tradicional de los sindicatos y buscar cuál es la fórmula que la sociedad demanda. En base a os dinamismos del mercado laboral, para bien o para mal, y los nuevos tipos de trabajo. Además el equilibrio social ya no es el que era y eso entendemos que desvirtúa mucho el planteamiento de sindicatos de clase. En nuestra opinión el sidicalismo que debe buscarse es otro.

-¿Cuál es ese sindicalismo diferente que propone CSIF?

-Una de nuestra reivindicaciones es, por ejemplo, que ha de cambiarse la ley para que se pueda ser sindicato representativo con menos de un 10%. A un político se le exige un 3% o un 5%, mientras que a un sindicato un 10%. Cuando una empresa desaparece, que desafortunadamente desaparecen muchas, sus delegados sindicales han de desaparecer también de los registros. En este momento nosotros calculamos que CCOO y UGT tienen unos 80.000 delegados fantasma. O 'zombies'. Proceden de empresas que ya no están funcionando. Se hacen las elecciones sindicales, registran los delegados y nadie los hace desaparecer si no hay una notificación fehaciente. Evidentemente, a Comisiones y UGT les interesa que en su contabilidad aparezcan estos delegados, pero eso es engañar al trabajador y a la administración. Y CSIF no está por esa labor. Cuando en un determinado momento por cierre de la empresa cesan los delegados, CSIF lo notifica a las autoridades de trabajo.

-¿Tienen constancia de que esto ocurre?

- Sí, sí. Está hecho el estudio a nivel nacional en que está cuantificado en unos 80.000 delegados que realmente no existen. No se han provinicializado los datos, pero sí somos conscientes de que sucede en Salamanca exactamente igual.

-¿Qué otros tipos de desequilibrio sindical existen?

-Es constatable que, por ejemplo, siete trabajadores de una cafetería nombran a un delegado. Sin embargo, en empleados públicos, sobre todo en función pública, para nombrar un delegado necesitan esa cifra multiplicada por diez o por cinco. Hay un enorme desequilibrio entre la representación sindical en lo público y la representación sindical en lo privado, que en absoluto se corresponde con los porcentajes que la sociedad tiene. Entonces hay que reformar la normativa sindical para que eso se equilibre.

Es evidente que surgen sindicatos que defienden a colectivos muy concretos y, en su momento, han de tener su voz y no se les da. Y no se les da porque la normativa responde a la época de la Transición. Un momento en el que la sociedad venía de un régimen autoritario en el que el sindicalismo no estaba bien visto si no era afín al régimen y había que equilibrar, pero ya no estamos ahí. Y esto hay que planteárselo. Hay que ver qué demanda realmente la sociedad y hay que solucionar los problemas que nosotros creemos que son evidentes. La sociedad en este campo, como en muchos otros, demanda mucho más servicio, no es una sociedad que esté ideologizada ni polarizada, afortunadamente. El sindicalismo debe ir más a responder a las necesidades concretas que a responder a afinidades ideológicas.

-¿Cuál es el estado de los servicios en la provincia de Salamanca?

-En Salamanca tenemos la fortuna de que los salmantinos somos, en general, gente muy responsable y con mucho amor propio. Y eso es lo que está salvando el servicio público. Es considerablemente mejor que la media española. No es que lo diga yo, es que en las estadísticas aparece. El sistema educativo en Castilla y León funciona mejor que en otras comunidades. Y en Salamanca especialmente. El sistema sanitario lo mismo. Nosotros lo achacamos a ese pundonor que tienen los trabajadores.

Pero la realidad es que dese 2010, cuando la crisis aparece en el horizonte, y especialmente a partir de 2012 cuando se traslada a los recortes, lo que se ha hecho en la administración general es sobrecargar al trabajador público. Reducir su número. Y por lo tanto el mismo trabajo lo tienen que hacer menos personas. Eso deteriora la calidad del servicio. Lo que están haciendo los trabajadores públicos es compensar ese deterioro con un sobreesfuerzo, que está siendo demasiado mantenido en el tiempo. Y el Gobierno regional no está siendo sensible.

Lo que buscamos es que la Junta entienda que ha de recuperar las condiciones en las que se prestaba el servicio público en 2010. Pero no solo eso, sino que llevamos diez años de retraso en lo que sería el avance en los servicios al ciudadano. En estos años lo que se ha hecho es gestionar la miseria. El poco dinero que había. No se ha hecho política, que son planes de mejora y de futuro. Utopías llevadas a la práctica. Pensar cómo quiero la sociedad castellano y leonesa y salmantina de aquí a diez años y establecer planes para conseguirlo. En estos diez años, no solo no hemos avanzado, sino que hemos ido retrocediendo. Hemos ido deteriorando los servicios públicos porque no tenemos el personal que la sociedad demanda.

Si tenemos una lista de espera de 6, 7 , 8 meses en traumatología es porque no hay el personal suficiente. Y eso es una responsabilidad clara de los políticos. Los políticos tienen que implementar planes que consigan atender a los ciudadanos. Y no es el caso. Si en este momento tenemos problemas en el sistema educativo es porque no se están dando las condiciones para que los alumnos tengan una mejor educación. Con grupos reducidos, profesores de apoyo, posibilidades de innovar... Si en agricultura no está la concentración parcelaria y no se están vigilando los montes y desarrollando los planes de deforestación que deberíamos tener es porque donde antes había diez, ahora hay seis. Y la demanda social ha aumentado. No se invierten nuestros impuestos en los progresos que demanda la sociedad. No se atiende el servicio público como se debería atender.

Contra lo que se piensa muchas veces, una contrata privada no es más barata que tener empleados públicos. Se ha privatizado mucho. Y eso aumenta el gasto, pero no mejora el servicio, ya que el beneficio empresarial ha de estar en alguna parte. Hay que volver al planteamiento de servicio público prestado por empleados públicos y buenos gestores públicos.

-¿Qué culpa de todo esto tienen los de arriba?

-Otro de los problemas con los que nos encontramos es que en la cúpula de los servicios no se pone al funcionario con más méritos. No se pone al más capaz. Por encima de los funcionarios se pone un político sin experiencia que no es capaz de gestionar esto. O un asesor, o una tropa de asesores. ¿Resultado? Inoperancia. ¿Cómo lo solucionan? Por la vía fácil. Contratan a alguien externo para hacer ese trabajo. Eso no puede funcionar. Hay que volver al servicio público de calidad, en el que haya funcionarios que vayan ascendiendo por mérito y capacidad. Que en la cúpula haya un solo político y que sus asesores sean los funcionarios más capacitados.

Los planes pueden ser de derechas, izquierdas o centro. Pero si tienes una tropa de asesores más preocupados de cuál es la perspectiva política y su progreso personal que de llegar a la ciudadanía con planes de mejora, esto no funcionará. Hay una frase por ahí que lo resume. De subsecretario para abajo, todos funcionarios. Elige los mejores funcionarios, forma, promociona y ponles arriba. No en el plan político, pero sí en la ejecución técnica.

-¿Cómo está la lucha por la devolución de las 35 horas?

-Hay que partir de que los empleados públicos tenían las 35 horas en 2010 y funcionaba todo mejor. Esto no deteriora los servicios públicos, todo lo contrario. Cuando en 2012 nos anulan las 35 horas y nos quitan una paga extra, se hace provisionalmente. Y nosotros, los sindicatos, los empleados públicos, hicimos ese esfuerzo conscientes de que debíamos ayudar al país. Desde entonces, hemos planteado que cuando la crisis se supere, nos tienen que devolver a ese derecho. La crisis oficialmente está superada, los políticos dicen que ya hemos salido de ahí.

No se nos hace caso hasta 2018. Entonces nos plantamos ante las instituciones y conseguimos que la administración general permitiera a las autonomías que recuperáramos las 35 horas. En aquel acuerdo que firmamos con Montoro en su última época junto a UGT y CCOO. En determinadas comunidades y administraciones locales se fue implantando y la Junta nos dijo que tenía que estudiar la repercusión económica. En la primavera de 2019 conseguimos un acuerdo aprobado por unanimidad en Las Cortes para recuperar las 35 horas. Mañueco, de hecho, hizo unas declaraciones diciendo que si él llegaba a la Junta pondría en práctica el acuerdo firmado.

Para nuestra sorpresa, ese acuerdo firmado empieza a no ser aplicado con excusas una detrás de otra. La gravedad del tema es que se está rompiendo la buena fe que deben marcar las negociaciones. Los sindicatos, nos guste o no, formamos parte del sistema. Somos la conciencia de las administraciones. Tenemos una representación para que haya una defensa de los trabajadores. Si en ese engranaje empezamos a ver que lo que firmamos, que es menos de lo que nos gustaría, después no se cumple... Porque estamos hablando de papeles firmados. ¿Qué esperan? ¿Que estemos todo el día en la calle? ¿Una huelga a la japonesa? ¿Que los médicos se planten? ¿Que los profesores solo den media hora de clase? No puede ser. Y es lo que está sucediendo. Es un planteamiento inédito.

Lo peor es que están vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Llegamos a una reunión y nos dicen una cosa, vamos a otra y nos dicen la contrario. Y por el medio filtrando a la prensa lo que interesa. Están mareando la perdiz. Para nosotros es un tema prioritario porque los empleados han soportado un peso enorme. Hay que devolverles un poco el bienestar que tenían para compensarlo. Lo justo sería tener más empleados públicos y que en esas 35 horas pudieran avanzar en cuestiones como investigación, formación, reciclaje, especialización... Esto no es una churrería. No podemos permitirnos el lujo de 'vuelva usted mañana'.

-¿Cuáles serán los siguientes pasos?

-Esperamos que tras la manifestación en Valladolid la Junta dé un primer paso. No hace ni 15 días que tanto Mañueco como Ibáñez comentaron que en marzo lo retomarían. El día 5 hay elecciones sindicales. Hemos dejado ese margen, pero esperamos que a partir de ahora haya reacción. Después, estudiaremos qué otras medidas podemos llegar a cabo.

Por otro lado, CSIF, como organización, ha presentado una denuncia por incumplimiento de acuerdo contra la Junta de Castilla y León. Estamos a la espera de que los jueces se pronuncien sobre esta situación porque entendemos que es un incumplimiento flagrante de un documento firmado. A ver qué dicen los tribunales. No hay disculpa, así que confiamos en que la Junta se sentará en breve con un plan aceptable. Si no, que la ciudadanía no lo dude, CSIF va a continuar movilizándose.

-¿Qué otros flancos de batalla tiene abiertos el sindicato?

-A nivel público, con respecto a la Junta, estamos también con la puesta en marcha de la carrera profesional y la recuperación de las plazas que se han perdido. Desafortunadamente, Salamanca pierde empleados públicos cada año. Se ha venido deteriorando en los últimos años y nosotros queremos frenarlo y que haya un plan para recuperar.

La carrera profesional se está desarrollando en las administraciones locales, ero en la Junta no y lo que nos ofrecen, de momento, no es satisfactorio. En el sector local, también estamos trabajando en la mejora de los trabajadores municipales. Son los más cercanos al ciudadanos y estamos viendo que algunos tienen condiciones 'decimonónicas'.

En justicia, estamos intentando trabajar por la recuperación de plazas. Ahí es donde es más palpable que no ha habido mejora, sino que ha habido deterioro. Cada vez hay más atasco judicial, lo sistemas informáticos nuevos no son capaces de desbloquear ese atasco y están trabajando coda vez en unas peores condiciones.

En lo que se refiere a lo que nosotros llamamos empresas estatales, el servicio postal de Correos se ha deteriorado por falta de gente, por la irrupción de empresas privadas y la privatización de determinados servicios, y nosotros estamos trabajando para que, en la España vaciada y la Salamanca de pocos habitantes, pueda seguir habiendo cartas. Porque a las empresas privadas no les interesa. En algunos pueblos antes recibíamos correo todos los días y ahora es cada dos, tres o cuatro. Los Paradores, por otro lado, tuvieron un auge en los años 60 y 70, pero luego han ido languideciendo por la falta del personal adecuado. Estamos trabajando ahí.

En cuanto a la administración general del Estado, quizá uno de los mayores problemas es la falta de reposición de efectivos, que está haciendo que los empleados sean mayores. La edad media ronda los 50. No hay relevo generacional y buscamos que eso se modifique. Que salgan las plazas que deben salir y eso permita que los servicios que dependen de la administración se presten en buenas condiciones.

Eso al margen de las equiparaciones salariales que llevamos reivindicando desde hace mucho tiempo. Nos parece bien el sistema de las autonomías, pero sí entendemos que debe haber un mínimo común en todas las administraciones. Salarios, prestación sanitario y educación similar. Creemos que ahí hay déficit e intentamos que eso se reconduzca.

En cuanto a empresa privada vamos teniendo cada vez más implantación y estamos buscando que los convenios que se firman rompan la tendencia a la precariedad y el trabajo basura de los últimos años. La crisis ha generado que los sueldos hayan bajado mucho, que las condiciones se hayan deteriorado y el que haya, si no abusos, sí excesos.

Uno de cada cuatro contratos en Salamanca es de hostelería. Y ahí hay mucha irregularidad en la permanencia en el trabajo. Estamos viendo contratos de unas horas, un día, altas y bajas en el mismo día, gente con contratos de cuatro horas que trabaja muchas más... Esa volatilidad hace que el servicio se preste en condiciones precarias. Hay que luchar porque el empresariado ajuste las plantillas y sus modos de trabajar a unas buenas condiciones. Porque además está claro que un empleado satisfecho, genera satisfacción en los clientes.

En esa línea, CSIF reivindica estar en el Diálogo Social porque a nivel público somos los más representativos, en el privado somos terceros y creemos que nuestra perspectiva podría enriquecerlo. Reivindicamos que se pluralice y se abran vías de diálogo con las administraciones y también con el resto de la sociedad.

-¿Cómo afronta CSIF las próximas elecciones sindicales?

En Salamanca vamos a celebrar elecciones de la administración general de Castilla y León con todas las consejerías que no son Sanidad y Educación. En estas elecciones estamos buscanos el un concurso de traslados abierto y permanente. No es de recibo que llevemos años con reclamaciones. Que haya gente que por puntuación podría estar mucho más cerca de su casa y en un puesto más adecuado a su perfil, y que por incapacidad de la administración se lleven hasta 4 y 5 años sin poder optar a un concurso de traslado. Además, para nosotros es un problema que el convenio colectivo de la Junta esté sin actualizar. 

Por otro lado, estamos buscando la carrera profesional. En Educación y Sanidad sí que ha habido cierto desarrollo, pero entendemos que los otros trabajadores han sido bastante discriminados. También buscamos que no haya sueldos por debajo de 1.200 euros en la administración. Aunque nos parezca mentira, hay gente con el salario mínimo. Y había gente por debajo hasta la última subida. Así que estamos buscando ese mínima. Igualmente, proponemos un plan de recuperación de plantillas porque la administración ha ido abandonando estos sectores. La pérdida en ese tipo de trabajos ha sido muy grande y hay que recuperarlos. La interinidad en la administración pública está superando ya a la del sector privado.

-¿Qué perspectivas hay?

-Fruto del acuerdo de 2018 que firmó CSIF con la administración central, las ofertas de empleo público están siendo muy sustanciales. Estamos a la espera de que en los próximos días haya en la Junta una serie de convocatorias. Acabamos de conocer las 1.401 plazas de Educación y en breve conoceremos algunas de la administración general de Castilla y León. Sí que vamos a mejorar. No en la cuantía que nosotros entendemos que se tiene que poner en marcha, pero sí que va a haber plazas, por ejemplo, de auxiliares o personal de servicios que no habían salido en muchos años ahora probablemente sí conseguiremos.

Por otro lado, estamos reivindicando la posibilidad de que haya promoción interna. En la administración general hay mucha gente con formación muy superior a su competencia actual, a las oposiciones que ha sacado o al contrato laboral que tiene. Y estamos buscado que esos empleados que sí disponen de las herramientas personales para mejorar su categoría encuentran una vía adecuada para hacerlo. Para nosotros sería muy interesante. Es verdad que hay mucha gente dentro de la administración con unas competencias personales mayores de las que está desempeñando y creemos que se les debe dar posibilidad de promoción.

Además queremos equiparar sus retribuciones a las que se están produciendo en le sector privado. En el mismo desempeño de tareas, especialmente en la parte alta, en la empresa privada se gana mucho más. Con lo cual, la gente buena acaba marchándose al sector privado. Esto deteriora el servicio público. Nosotros buscamos que hay una equipación salarial que permita retener el talento y a los buenos.

-¿Un último mensaje?

Agradecer a los salmantinos y, especialmente a los afiliados, la confianza que estos años han mostrado en CSIF y animarles a acercarse a la sede, que está abierta para todos, a plantearnos sus dificultados. Buscamos mejorar día a día, responder cada vez mejor a las necesidades de los trabajadores y, por tanto, cualquier sugerencia o propuesta será muy bien recibida. Nostras puertas están abiertas para cualquier salmantino o cualquier persona que quiera pasar por aquí a contarnos en qué podemos ayudarle.