La Asociación de Empresarios Salmantinos de Automóviles y Talleres (AESAT) y tras la correspondiente consulta a FACONAUTO, asociación nacional en la que está integrada AESAT, ha comunicado este lunes a todos sus asociados que, a tenor de la publicación del Real Decreto 463/2020 aprobado por el Gobierno por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y para cumplir con la exigencias que piden al mismo tiempo para que aseguren la movilidad de las personas y sectores más sensibles, ha marcado una seria de medidas.
Se establece el cierre de todas las instalaciones de los concesionarios en el territorio nacional desde hoy día 16 de marzo y durante el periodo que establezcan las autoridades.
Los concesionarios habilitarán un servicio de urgencia y un número de teléfono al respecto, para aportar certidumbre y asegurar los servicios básicos para la actividad económica y para la sociedad dando servicio a:
-Clientes con gestiones de venta y posventa en trámite.
-Servicios de reparación, mantenimiento y postventa a sectores de transporte y logística, profesionales, sector agrícola y servicios sanitarios y alimentarios, clave para la prestación de servicios básicos.
-Los concesionarios, bajo este protocolo, adecuarán según su criterio la disponibilidad de su plantilla y recursos para atender dichas necesidades.
Los concesionarios efectuarán los ajustes en sus equipos mediante expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de la manera más ágil y flexible, posible con carácter retroactivo, siguiendo las directrices y medidas aprobadas por el Gobierno para reducir el impacto económico y social de la crisis (que presumiblemente se darán a conocer mañana martes).
El objetivo es proteger la sostenibilidad económica del sector durante las próximas semanas y meses, asegurando la pronta recuperación de la actividad y el empleo.
En este sentido, una vez conocido el plan de choque del Gobierno, se estudiarán en colaboración con las autoridades otras medidas, como puede ser posibles aplazamientos de la liquidación, del pago de impuestos relacionados con la actividad (Sociedades, IVA, IRPD, IAEC, etc).