El organismo de recaudación de la Diputación de Salamanca facilita la cita previa en "un entorno seguro"

El Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria REGTSA, dependiente de la Diputación de Salamanca, facilita la petición de cita previa para prestar sus servicios y favorecer así "un entorno seguro a sus usuarios".

Con el objetivo de proteger la salud de contribuyentes y empleados, la institución provincial ha indicado que los interesados podrán pedir cita a través de la 'App' gratuita de REGTSA, que ya está disponible para dispositivos IOS y Android.

Asimismo, también facilita este trámite en la página web del organismo, dentro del apartado 'Servicio de Cita Previa', todos los días de la semana en cualquier horario o, si lo prefieren, los usuarios pueden ponerse en contacto vía telefónica a través de los números 630 148 665 (de 9.00 a 14.00 horas) y 923 28 19 12 (de 9.00 a 19.00 horas).

La Diputación ha recordado que, para hacer frente a las consecuencias económicas generadas por la pandemia de la COVID-19, ya anunció que este organismo ofrecerá "flexibilidad y aplazamiento en el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias a todos aquellos colectivos que se hayan visto afectados por esta situación".

Con estas medidas se pretende adaptar la institución provincial y ser flexible con los más perjudicados por el parón económico del coronavirus; y, al mismo tiempo, que los ayuntamientos puedan contar con recursos evitando la merma de tesorería en las arcas municipales.

En este sentido, el organismo REGTSA pospuso hasta el mes de mayo el segundo periodo de cobro y ampliará el plazo para abonar los recibos de dos a tres meses.

En el caso de los ayuntamientos que tengan establecido el pago del IBI en dos plazos, estos coincidirán con el tercer y cuarto periodo, es decir, se iniciará el 1 de junio y finalizará el 30 de noviembre.

APLAZAMIENTO

Por otro lado, pondrá en marcha un sistema de aplazamiento y fraccionamiento "exprés" en voluntaria para contribuyentes que formen parte de empresas que hayan cesado su actividad durante alguno de los periodos del estado de alarma, empleados que hayan sido incluidos en algún proceso de regulación de empleo o unidades familiares que hayan sufrido la pérdida de alguno de sus miembros como consecuencia de la COVID-19.

Además, para agilizar la tramitación de los aplazamientos o fraccionamientos, "solo se exigirán dos requisitos". Por un lado, la declaración responsable de que se encuentra en alguno de los supuestos contemplados y la domiciliación bancaria de los pagos, y no será necesario la aportación de ninguna garantía para deudas inferiores a 30.000 euros, ha apuntado la Diputación.