Una plataforma vecinal de Sotoserrano, como ellos mismos se identifican, ha denunciado una "polémica" en torno a un transformador de la luz y los planes provinciales de la Diputación. 

Según informan a través de un comunicado, de los 100.000 euros que se tiene de importe aproximado por parte de la Diputación, 63.000 irían destinados para "cambiar de lugar un transformador eléctrico", algo que ellos consideran que no es "ni necesario ni urgente". 

A su juicio, este problema no llega solo por la cantidad de dinero que se reserva para ello sino que se realiza "porque la casa del concejal de Urbanismo se edificó pegando a ese transformador y ahora como le molesta pagamos los malos hechos todos". Así, lo consideran como un "beneficio particular" que supondría un "conflicto de intereses que presuntamente podría tener implicaciones legales". 

"Es una difamación"

El alcalde de Sotoserrano, Sebastián Requejo, por su parte, ha asegurado a declaraciones a NOTICIAS CYL que se trata de una "difamación" y que el cambio de lugar se debe únicamente a cambios en la legislación que así lo determinan y a un mejor aprovechamiento del sistema de distribución eléctrico de un transformador que afecta a más del 60% de la población. 

De hecho, según ha afirmado, no está dispuesto a que ocurra lo que ya pasó en el mismo pueblo hace dos años, cuando una caída de tensión provocó un apagón el día de las fiestas o lo que ya pasó también en Candelario el pasado día de Navidad. "Está al límite de su capacidad y Sotoserrano está en una zona de baja tensión. No voy a permitir que por falta de previsión haya una caída de tensión", aseguró. 

Además, basó esta decisión en la posible ampliación del pueblo ya que, si crece, lo hará hacia la zona en la que se ubicará el nuevo transformador, así como en las previsiones del municipio entre las que se encuentran un nuevo centro de día y un parking de autocaravanas. 

Más allá de eso, afirmó que cuatro de los siete concejales de Sotoserrano dependen de ese transformador, entre los que se encuentran dos del PP y dos del PSOE, así como la empresa cárnica del municipio, un taller mecánico o las piscinas municipales. "Todo versa ahí y el futuro desarrollo urbanístico también". 

Por último, destacó que en aras de la transparencia, todo el proyecto estará gestionado por la Diputación y no por el Ayuntamiento. Tanto la redacción del mismo como la licitación y la adjudicación se hará a cargo de la institución provincial, que también lo paga. "Solo cambia la ubicación por la normativa", concluye.