El Juzgado de Instrucción número dos de Salamanca, encargado del caso de la presunta financiación ilegal del PP de Salamanca, ha acordado de manera firme el sobreseimiento libre y archivo de los delitos de coacciones, falsedad documental, usurpación o suplantación de personalidad, y otros posibles ilícitos en el proceso electoral de primarias que el Partido Popular celebró en Castilla y León en 2017.
Sin embargo, y en base al auto de la Audiencia Provincial tras el recurso por el archivo de la causa por la presunta financiación ilegal, el Juzgado ha decreatado su reapertura para comprobar si existen indicios racionales de la posible comisión de un delito de financiación ilegal del partido.
Para ello, se ha acordado que el próximo 30 de julio a las 10 horas se tome declaración como testigo a A.G.V., así como el siguiente día a la misma hora a C.G.B.C. Más allá de ello se reclama al PP de Salamanca que se aporte en el plazo de 30 días los nombres, apellidos y cargos de los que hayan efectuado las donaciones objeto de la causa, la cantidad donada y la justificación documental del movimiento bancario o la declaración jurada.
También se ha pedido al PP en el mismo plazo de 30 días la identificación anonimizada del militante "cuyas cuotas han sido sufragadas por las donaciones objeto de esta causa", la cantidad a la que ascendían estas cuotas adeudadas y la justificación documental.
Todo esto llega después de que el pasado mes la Audiencia Provincial acordara "seguir adelante la investigación penal, con libertad de criterio del juez instructor, encaminada a comprobar si existen indicios racionales de la posible comisión de un delito de financiación ilegal de partido político o, por el contrario, tan sólo existe un pago de deuda ajena”.
Lo hacía un año después de que el Juzgado de Instrucción número dos de Salamanca abriera diligencias por la posible existencia de un delito de coacciones, de financiación ilegal de partido político y de falsedad documental en documento oficial después de una denuncia anónima.
Sin embargo, poco después archivó la causa ya que, a juicio del responsable, las acusaciones estaban realizadas “de manera tergiversada y subjetivamente interesada para darles una apariencia delictiva”.
La denuncia relataba presuntos hechos acaecidos en Salamanca con las elecciones primarias del PP de Castilla y León celebradas el 18 de marzo de 2017 y el motivo de la denuncia anónima era, según refería el propio denunciante, "por la gravedad de los hechos".
Así, se admitió la denuncia y se abrieron diligencias previas decretándose el secreto de las actuaciones que se levantaron poco después con el sobreseimiento de la causa tras tomar declaración a varios militantes populares como los exconcejales del Ayuntamiento de Salamanca Enrique Sánchez-Guijo o Cristina Klimowitz, así como a la exdiputada provincial y concejala en Santa Marta, Chabela de la Torre.
A través de estas declaraciones "coherentes, coincidentes, convincentes, y creíbles", el mismo Juzgado de Instrucción, entre otras razones como la entrega del listado de los afiliados al corriente de pago por parte del PP, decidió archivar la causa.
A ello se presentó un recurso por parte del Foro de Izquierdas-Los Verdes, que se personó en la causa anteriormente, en base a que se debían continuar las causas por los tres presuntos delitos presentados, aunque la Audiencia solo admitió la apertura del caso de la financiación ilegal.