El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha insistido al Gobierno de España en la "urgente necesidad" de abrir un proceso de diálogo que sirva para "definir un nuevo decreto que contemple un verdadero sistema de ayudas para todos los ayuntamientos que les permita hacer frente a los ingentes gastos económicos generados por la gestión de la crisis sanitaria".
Tras participar en una videoconferencia con los alcaldes de los municipios contrarios al acuerdo entre la FEMP y el Gobierno de España, junto al concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, el regidor salmantino ha comentado en una nota de prensa que "el rotundo fracaso en el proceso de convalidación del decreto que recogía dicho acuerdo debe verse como una oportunidad clara para alcanzar un acuerdo real y satisfactorio para todas las entidades locales, que esté basado en los principios de igualdad y de solidaridad".
Al respecto, ha defendido que el nuevo decreto, cuya aprobación ha urgido, además de permitir a los ayuntamientos gastar sus superávits en "aquellas necesidades que determine cada municipio", contemple también la ampliación del plazo de las inversiones financieramente sostenibles y la eliminación de la regla de gasto y el concepto de déficit y de estabilidad, "al menos para 2020 y 2021".
Asimismo, ha señalado que es "imprescindible" que el nuevo decreto recoja la reivindicación unánime de los ayuntamientos de un fondo estatal incondicionado de 5.000 millones de euros, "similar" al que el Gobierno de España ha concedido a las comunidades autónomas, así como un fondo adicional de 1.000 millones de euros que permita "hacer frente a las grandes pérdidas registradas en el servicio de transporte público".
Además, el alcalde ha añadido que es "indispensable" garantizar en este futuro decreto que las entidades locales puedan participar como beneficiarias de los fondos europeos una vez concretadas las condiciones del Fondo de Recuperación aprobado en el seno de la UE y en base a lo contemplado en el documento 'Pilares locales para la reactivación económica y social de la administración local', aprobado por la Junta de Gobierno de la FEMP el 22 de mayo de 2020, y "debe ser al menos del 14,16 por ciento, que es el porcentaje del gasto local respecto del gasto público total en España".
Según ha concluido, "todas estas reivindicaciones" forman parte del documento conjunto aprobado por los alcaldes reuniones en la videoconferencia de este martes, en la que el conjunto de municipios implicados han vuelto a expresar su voluntad de "seguir defendiendo los legítimos intereses de sus vecinos".