El pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado este viernes los dictámenes para la modificación de las ordenanzas fiscales para el 2021, que han contado con el apoyo de PP, Ciudadanos y Podemos, con el visto bueno también de Izquierda Unida -salvo en los puntos que recogían un aumento del 0,25 en los precios de piscinas, concesión de instalaciones deportivas y del autobús por condiciones del contrato-, y con la abstención de los ediles del PSOE.
En su presentación, en la sesión extraordinaria y semipresencial por la COVID-19 celebrada en el Palacio de Congresos, el portavoz del Grupo Popular y concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, ha sido el encargado de presentar un documento que contempla "la congelación" de tasas e impuestos con el propósito "principal" de ayudar a familias y empresas por los efectos de la pandemia.
En esta línea, el concejal de Ciudadanos, cuyo grupo forma parte del equipo de gobierno, Juan José Sánchez, ha defendido unas ordenanzas que son "justas y equilibradas", y que están basadas en el pacto de su formación con el PP para estar al frente del ejecutivo local y en las medidas alcanzadas con todos los grupos hace unos meses para trabajar en contra de los efectos del coronavirus.
Por parte del PSOE, ha tomado la palabra el edil Marcelino García Antúnez, que ha criticado que la "congelación" de la que habla el gobierno municipal "significa consolidación de las subidas de años anteriores", y que las nuevas ordenanzas "no son fruto del diálogo con los agentes económicos y sociales", además de abogar ante el ejecutivo local por "bajar los impuestos", a lo que PP y Cs le han respondido que pida lo mismo al Gobierno de España.
En cuanto a Izquierda Unida, formación representada por Virginia Carrera, ha optado por apoyar las ordenanzas porque "la situación pide responsabilidad política", porque son "un buen instrumento" para ayudar a las familias y porque son fruto del pacto alcanzado en mayo por las distintas fuerzas políticas en Salamanca; no obstante, ha criticado "falta de ambición" en el ejecutivo para "tomar más decisiones".
Así ha dado respaldo a los dictámenes, salvo a los que contemplan un incremento en los precios las del 0,25 por ciento en los precios en las piscinas y en el autobús.
Asimismo, la concejal de Podemos, Carmen Díaz, también ha remarcado, antes de apoyar los dictámenes, que las ordenanzas "no tienen gran alcance pero son adecuadas" y que forman parte del pacto al que se sumaron todos los grupos en la pasada primavera para paliar los efectos de la pandemia, un pacto del que ha dicho que tiene que ser "un acuerdo vivo" pues "las necesidades van cambiando".
MODIFICACIONES Además de la congelación de los cinco impuestos municipales, el documento asume la prórroga de las reducciones a terrazas y al Rastro e incorpora nuevas bonificaciones como la reducción de un 25 por ciento del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a las empresas que haya aumentado al menos un diez por ciento su personal indefinido.
Rodríguez ha concretado que la congelación se extiende a todos los tributos, precios públicos y tarifas municipales para el próximo año, salvo "la necesaria adaptación por exigencias contractuales" en los casos del transporte urbano, del Pabellón Multiusos, la Ciudad Deportiva de La Aldehuela y las piscinas municipales, con una subida en torno al 0.25 por ciento.
Asimismo, las ordenanzas contemplan la prórroga de la práctica supresión de la tasa por ocupación de la vía pública para terrazas y vendedores del Rastro, que se redujo en un 99 por ciento, como medida de apoyo a estos sectores económicos en el marco del acuerdo suscrito por todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Salamanca en el mes de mayo para la reactivación económica y la protección social.
BONIFICACIÓN IAE Por otra parte, el pleno ha incorporado una bonificación para 2021 de la cuota del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para las empresas que hayan aumentado la plantilla de trabajadores indefinidos en el ejercicio 2020, como medida de estímulo a la creación de empleo en la ciudad.
También, ha recogido la prórroga del régimen especial de fraccionamientos y aplazamientos de pago establecido en 2020, de doce a seis meses, respectivamente, sin intereses y sin garantía de deudas inferiores a los 30.000 euros.