El Ayuntamiento de Salamanca ha publicado hoy la lista definitiva de admitidos para optar al uso de los huertos urbanos ecológicos que se han construido en la ribera del río Tormes en Salas Bajas, entre los barrios de Chamberí y Tejares.

Analizadas las solicitudes recibidas en total, cumplen con los requisitos establecidos en las bases 757 propuestas para huertos de ocio, 6 para los huertos adaptados a personas con movilidad reducida y 4 para huertos sociales y de formación.

La lista se puede consultar en la página web municipal (www.aytosalamanca.es), en el tablón de edictos y en la página web de la EDUSI Tormes+ (www.mastormessalamanca.es, a través del siguiente enlace: https://www.mastormessalamanca.es/huertos_urbanos.html), donde también hay un apartado especial con preguntas y respuestas para aclarar cualquier duda.

Una vez transcurrido un periodo de un mes para la presentación de posibles recursos, se realizará un sorteo (únicamente para los huertos de ocio generales al ser mayor la demanda de solicitudes que la oferta) el 19 de marzo, a las 13:00 horas en el Consistorio, para fijar un orden de adjudicación, pudiendo el Ayuntamiento realizar reservas de huertos por motivos sociales (personas con menores ingresos, exclusión social, etcétera), de emergencia o de interés público.

Estos huertos, cuya cantidad final se ha incrementado hasta 617 tras incorporar una nueva zona para personas con movilidad reducida junto a la nave de aperos, forman parte de un gran parque de más de 100.000 metros cuadrados en el entorno de la ribera del río Tormes con una lonja agroalimentaria y nuevas zonas de ocio y disfrute.

La iniciativa, con un presupuesto global superior a los dos millones de euros, está vinculada a la agricultura ecológica, enmarcada en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) Tormes+, que en total cuenta con un presupuesto en torno a 24 millones de euros, cofinanciados por los fondos FEDER y el Ayuntamiento de Salamanca, gracias a la política de cohesión de la Unión Europea.

Derechos y obligaciones



Los huertos abarcan una superficie media de 45 metros cada uno y están delimitados en doce sectores vallados con medidas de seguridad, entre las cuales se incluyen cámaras de vídeo vigilancia y control digital de acceso.

En concreto, se han creado cuatro modalidades, destinándose al ocio los sectores A, C y E; además del nuevo sector L para personas con movilidad reducida (de aproximadamente tres metros de longitud por 70 centímetros de anchura, en bandeja elevada a 70 centímetros del suelo); a fines sociales los sectores H, I, J y K; a la formación educativa los sectores D y G; y a la investigación el sector B), esta última fuera de la actual convocatoria, pues será objeto de un posterior convenio con universidades y centros de investigación.

Las autorizaciones tendrán una duración como máximo de seis años, incluidas las posibles prórrogas, en función del tipo de huerto que se trate, y siempre que existan huertos vacantes y no haya lista de espera. Los beneficiarios deberán abonar una fianza de 50 euros, que será devuelta cuando finalice el periodo de uso si no incumplen el reglamento para el correcto funcionamiento de cada huerto, y posteriormente un importe de 50 euros cada año que se disfrute la parcela concedida.

Los huertos destinados al ocio o con fines sociales dan derecho a cultivar la parcela adjudicada y disfrutar de sus productos, utilizando sistemas de riego que prioricen el ahorro de agua, su propia semilla o bien de procedencia ecológica y sólo abonos orgánicos.

Por su parte, los huertos de formación e investigación dan derecho a cultivar la parcela adjudicada dentro de los mismos condicionantes ecológicos de los huertos de ocio y sociales, con la excepción de que los frutos obtenidos y/o su rendimiento deberán tener como fin la continuación de la labor formativa e investigadora.

Serán un espacio de encuentro, reflexión, y activación del tejido social con intercambio de experiencias, conocimiento, opinión, ciencia e investigación, que ayude a enriquecer la convivencia vecinal, y la integración social desde el respeto y el fomento de la igualdad de oportunidades. Hasta el desarrollo de una Ordenanza municipal específica, la comercialización de la producción estará prohibida y se considerará una infracción muy grave.