La Diputación de Salamanca desestimó el recurso presentado por Berkeley Minera contra la resolución del convenio suscrito entre ambas entidades para el desdoblamiento de la carretera comarcal SA-322. Así lo anunció este jueves la plataforma Stop Uranio, organización ecologista que se muestra en contra de la apertura de la mina a cielo abierto en la provincia charra, adjuntando el documento con el sello de La Salina y recordando el decreto presidencial del pasado diciembre que rescindía dicho acuerdo.
La institución provincial argumenta en su resolución la “falta de disponibilidad de los terrenos y falta de autorizaciones y licencias” para la ejecución de la variante de la carretera comarcal afectada por el proyecto minero, lo que ha dado lugar a la prolongación en el tiempo del convenio firmado en 2016, superando el plazo máximo de cuatro años de vigencia .
Stop Uranio sostuvo que “casi cinco años después de haber iniciado las obras de ese desdoblamiento, Berkeley ha sido incapaz de culminarlo”, lo que, en su opinión, “confirma la sospecha inicial de que se trataba únicamente de un recurso propagandístico de la compañía de cara a visualizar ante posibles inversores que la mina de Retortillo estaba en marcha”. La plataforma recordó en este sentido que el Procurador del Común dictaminó que el Ayuntamiento de Retortillo “debe sancionar a la minera por realizar esas obras sin los permisos oportunos”.
La plataforma explicó que sin el tramo de la carretera actual, que sería ocupado por escombreras y otras instalaciones mineras, y sin los terrenos ubicados en el término municipal de Villavieja de Yeltes a los que ya ha renunciado la minera para centrarse en Retortillo, cuyo ayuntamiento se muestra favorable al proyecto, “no parece viable que pueda resultar rentable el negocio del uranio pretendido por Berkeley”.
En suma, Stop Uranio recordó que “se debe en cuenta que la inminente aprobación de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética que prohibiría nuevas minas de uranio en el estado español, por lo que Berkeley se quedaría sin la posibilidad de explotar los yacimientos más ricos, como viene anunciando en sus comunicaciones a futuros inversores, que se encuentran en Villavieja de Yeltes o Alameda de Gardón”. Esos materiales deberían ser tratados en la planta de Retortillo si finalmente se autoriza la construcción de la planta de tratamiento por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Para la organización ecologista, la rescisión del convenio supone “un hito en el devenir del proyecto minero y un inconveniente mayúsculo en la pretensión de abrir la mina y planta de tratamiento de uranio de Retortillo, al ser la primera vez que una administración implicada en este asunto da marcha atrás y le da la espalda a la empresa minera”.
En este sentido, Stop Uranio mostró su agradecimiento a La Salina por “la pronta resolución del recurso presentado” y por haber actuado, en su opinión, “con transparencia” al haberles hecho llegar el decreto de resolución. “Al contrario de la Junta de Castilla y León, cuyo vicepresidente Igea es también consejero de Transparencia, pero cuya actuación es de total hermetismo en todo lo que se refiere a los proyectos de Berkeley Minera”, acusaron.
En conclusión, Stop Uranio anunció que seguirá “pendiente del abandono definitivo” de la empresa Berkeley de su negocio de uranio en Salamanca. “Sabemos que no es fácil que la multinacional australiana dé su brazo a torcer después de haber invertido millones de euros sin poder comercializar un gramo de uranio, pero creemos que es sólo cuestión de tiempo que tengan que asumir que el plazo para explotar ese mineral radiactivo en nuestra provincia ha acabado”, sentenciaron.