Stop Uranio afirmó este martes que la comparecencia ayer del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Josep María Serena i Sender, en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de Diputados constató que “la empresa Berkeley Minera y sus acólitos han ejercido unas presiones inaceptables sobre un organismo regulador encargado de la protección radiológica y la seguridad nuclear del país”.
La plataforma advirtió además que la decisión sobre la autorización de construcción de la planta de procesamiento de uranio de Retortillo “se demorará unos meses más”, pues “de las once áreas del CSN implicadas en la realización del informe definitivo, aún faltan por finalizar su parte correspondiente tres de ellas, y según Stop Uranio, “una de ellas acaba de recibir la información facilitada por la empresa”, por lo que la decisión “no va a ser inminente”.
Según interpreta la organización antinuclear, el presidente del organismo regulador “también se ha quejado de la injerencia de la Junta de Castilla y León en la labor del CSN por medio del antiguo director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero”. En este sentido, Serena i Sender recordó que “el CSN no toma decisiones políticas, sino que su labor se limita a cuestiones de protección radiológica y seguridad nuclear en las que la toma de decisión se basa únicamente en cuestiones técnicas”.
Stop Uranio recordó que, tras su comparecencia, el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear “recibió el apoyo” de Inés Sabanés, del Grupo Plural, de Juantxo López de Uralde, de Unidas Podemos, y de Grmán Renau, del PSOE. Mientras, el representante del Partido Popular, Alberto Herrero, “cuestionó la tardanza en la toma de decisión del organismo regulador” y los diputados de Vox, Requejo y.Borrás, “fueron los más críticos con la labor del CSN, reproduciendo las soflamas que viene manteniendo desde hace tiempo la empresa minera: 94 millones de euros invertidos y 120 permisos otorgados”.
El presidente del CSN, por su parte, mantuvo en su comparecencia que la demora en la toma de decisión de ese organismo sobre la planta de Retortillo “se debe en gran medida a la insuficiente o deficiente documentación presentada por la empresa y en la tardanza en subsanar esas carencias, lo que está prolongando en el tiempo la decisión final sobre la autorización de construcción de la planta”.
Stop Uranio agradeció la postura de los partidos políticos que defendieron la “honestidad e independencia” del CSN y criticaron “la actitud de la empresa minera”. Algunas de ellas sostuvieron en esencia que “este proyecto es incompatible con la decisión tomada en el Congreso de Diputados al aprobar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que prohíbe la minería de uranio en España”.
A los representantes del VOX y Partido Popular, la plataforma quiso recordarles “la fuerte oposición social” que han mantenido durante una década “contra este proyecto radiactivo”, visibilizada en “múltiples manifestaciones o concentraciones”, en las que han dejado claro su postura contraria a reabrir la minería de uranio en Salamanca.