Una vez que el Consejo de Seguridad Nuclear adoptó el pasado 12 de julio el acuerdo de informar desfavorablemente la solicitud formulada por Berkeley Minera España para construir dicha instalación radioactiva, para Stop Uranio, cualquier otra decisión del Ministerio supondría “conculcar gravemente el principio de legalidad” y llevar a cabo una actuación” claramente ilegal” que, sin embargo, afirman tener la seguridad de que “no se va a producir”.

En dichas alegaciones, Stop Uranio trata de “desmontar” los argumentos esgrimidos por el consejero del CSN que votó en contra del informe desfavorable y emitió un voto particular defendiendo a la empresa minera. “El CSN actúa como organismo regulador en la materia de las instalaciones radiactivas, lo que significa que es la garantía para la ciudadanía y para la sociedad de que dichas instalaciones sean seguras y no supongan ningún riesgo, ni para las personas, ni para el medio ambiente”, matizó la plataforma. “A ese consejero parecen preocuparle mucho más los intereses de la empresa Berkeley que la salud, el medio ambiente y el futuro del territorio en el que se pretendía poner en marcha esta instalación radiactiva de primera categoría”, acusó la organización.

Según Stop Uranio, el consejero niega en su argumentación que la instalación proyectada por Berkeley suponga un lastre para las generaciones futuras que habiten en la zona de la mina de Retortillo, ya que considera los residuos que se generen en esas instalaciones como “procedentes de radiactividad natural”, cuando el CSN ya consideró esos residuos como “radiactivos” y su depósito en los huecos mineros supone “un peligro para las personas y el medio ambiente durante cientos de años”. La organización, de hecho, considera que “son esos residuos radiactivos el principal problema al que se enfrenta Berkeley, y no ha conseguido dar una solución convincente a juicio de los técnicos del CSN”.

En las alegaciones, Stop Uranio también defiende una postura contraria al intento de la empresa minera de conseguir una “indemnización millonaria” por el lucro cesante si finalmente se impide la apertura de la mina de Retortillo. “Nosotros entendemos que a quien hay que exigir responsabilidades de indemnizaciones es a la empresa Berkeley por los inmensos daños causados en nuestros pueblos y en el territorio del Campo Charro. Daños materiales y económicos muy concretos, y también daños morales e intangibles en la convivencia en los pueblos de la comarca”, manifestó la plataforma.

Entre los “daños materiales”, Stop Uranio cuantifica “la corta ilegal de cerca de dos mil encinas centenarias”. Por otro lado, la organización apunta “daños en el territorio” con la modificación del trazado de una carretera “con obras paralizadas y a medio hacer”, unos trabajos, según la plataforma, “declarados ilegales por el Ayuntamiento de Retortillo al no contar con ningún tipo de permiso o autorización”. Por último, subrayan “daños por la construcción ilegal de una enorme balsa que ha roto el territorio y el paisaje de la zona”.

“La cuantificación de estos daños que la empresa minera ha causado en nuestro territorio, en nuestros pueblos, es mucho mayor que los perjuicios que pueda argumentar que pudiera haber sufrido ella. En nuestra opinión, ningún perjuicio ha sufrido Berkeley, que no debería hacer realizado ninguna actuación de este proyecto, pues no lo tenía autorizado, y lo que ha gastado ha sido para comprar voluntades, para dividir a los habitantes de los pueblos y para crear un clima de opinión favorable a su proyecto”, concluyó la plataforma.