Las instalaciones del único puerto fluvial de Castilla y León, el muelle de Vega Terrón en la provincia de Salamanca, concretamente en La Fregeneda, llega al pleno de la Diputación de Salamanca, a celebrar este viernes, con la ejecución de una sentencia firme. Así, el pleno tendrá conocimiento de que el acuerdo del pleno del 27 de enero de 2017, respecto a la rescinsión del contrato con la empresa concesionaria Vegater "es nulo". Una concesión que parte del año 1997, siendo presidente de la Diputación el actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Una sentencia que obliga a la institución provincial a "devolver toda la gestión e instalaciones del mulle de Vega Terrón" a la empresa concesionaria porque, señala la sentencia, "el acuerdo no es conforme a derecho".

Este "desaguisado", como lo califica la oposición provincial, tiene, además, costes y otros aspectos "escabrosos". Así, la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, y que irá al pleno provincial, también recoge el abono, por parte de la Diputación, de casi 100.000 euros a la empresa concesionaria, es decir, Explotaciones Portuarias Fluviales Vegater, por daños y perjuicios ocasionados a la empresa por la anulación del acuerdo de resolución contractual.

Pero, independientemente de otras cuestiones, la sentencia también obliga a "devolver todas las tasas cobradas, por el uso de Vega Terrón, desde el momento en que se dictó sentencia". También queda de por medio saber que acontecerá con el acuerdo de la Diputación con TRAGSA, a la que cedió las instalaciones del muelle, una vez resuelta la anulación del acuerdo con Vegater, ahora tumbada por los tribunales.

Antecedentes

Todo este 'embrollo' se remonta al año 2015, cuando el Grupo Socialista en la Diputación, denunció que la empresa Vegater, concesionaria de la explotación del muelle de Vega Terrón, no había abonado el canon que tenía que pagar desde que firmó el compromiso en 1997. Tal es así, que la empresa no habia pagado ninguna cantidad ni había ejecutado las obras comprometidas, y pese a ello, 18 años después la Diputación de Salamanca no le había llegado a exigir ni un euro. En total, un montante que alcanza 600.000 euros sin percibir por parte de la Diputación.

Finalmente, Vegater reclamaba reclamaba una indemnización de casi 3,5 millones de euros por los daños de no dejarle continuar con el contrato, incluyendo los beneficios que pensaba obtener, una subvención europea o el resultado de explotación. Y que, ahora, la Justicia ha desestimado, dejando la indemnización en 99.651 euros.

Reclamación del canon 20 años después

Vegater asegura en su defensa que en los 18 años de concesión la Diputación nunca se dirigió a la empresa para comunicar el impago o para requerir por el incumplimiento, ni en 1997 ni en años sucesivos; para la empresa, eso es suficiente para justificar que no se haya pagado y acusa a la Diputación de romper el principio de confianza y buena fe contractual.

El informe apunta también que cuando en 2002 se renovó el contrato, la Diputación ya tenía conocimiento de la situación y que era fundamentalmente, la misma por la que se pretendía resolver el contrato, que no era otro que el impago de canon. Cuestión que la semana pasada dirimió la Justicia a favor de la empresa concesionaria.

Según tiene conocimiento EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, la intención de la Diputación fue, una vez resuelto el contrato con Vegater, ahora anulado, es ceder la gestión del muelle fluvial, no las instalaciones del Centro de Recepción de Visitantes, a la empresa TRAGSA -de capital social íntegramente público- en cuyo accionariado ha entrado la Diputación de Salamanca. Anotar también que los ingresos de la Diputación, sólamente por el atraco de cruceros fluviales en el muelle, oscila entre los 150.000 y 200.000 euros anuales, que son de dinero 'limpio'. Una cesión

Atrás quedan 23 años largos de una gestión equivocada, errónea y, cuando menos, ficticia. Como los barcos de granito que llegarían hasta Oporto, como también el trigo castellano camino de los mares... Además, dejarse 'comer' la explotación por el muelle fluvial de Barca d'Alva, más activo y eficaz.

Lo cierto, en estos días, es que se necesita creer en las posibilidades de esta zona turística, promocionarla y ponerla en funcionamiento con un proyecto eficaz, más allá de Planes Estratégicos, como el presentado por el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, y el diputado de Turismo, Javier García, que abarcaba un marco temporal de 4 años, 2016-2019, y del que por este enclave, único en Castilla y León, no se tiene conocimiento. Y, como asegura la oposición a este diario, "quién es el responsable de este desaguisado, porque alguien en el equipo de Gobierno, que lleva casi treinta años en el poder de la Diputación, tendrá que responder".