Las agresiones a los funcionarios de prisiones generan otra protesta de la plantilla de Topas
Trabajadores de la cárcel salmantina se concentran frente a la Subdelegación del Gobierno para condenar la reciente agresión a una funcionaria en el centro penitenciario de Logroño
10 noviembre, 2021 17:25Noticias relacionadas
Trabajadores del centro penitenciario de Topas, en Salamanca, pertenecientes a los sindicatos Acaip-UGT y CSIF, mostraron este miércoles su apoyo a una funcionaria agredida el pasado sábado en la prisión de Logroño y denunciaron, a su vez, "la dejadez" de las instituciones competentes a causa de este y otros incidentes acaecidos durante las últimas semanas. Según indicaron mediante un comunicado, una interna ocasionó, entre otras heridas, la pérdida de dos dientes a la compañera de La Rioja.
De hecho, los trabajadores se concentraron este mediodía frente a la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, ubicada en la Gran Vía, y manifestaron que precisamente últimas semanas están siendo "especialmente duras" en las prisiones españolas con "una sucesión de incidentes de extrema gravedad, de los que Topas no ha sido una excepción", y que, para los sindicatos se explica por la falta de acción de los máximos gestores de la institución penitenciaria y del Ministerio del Interior, así como "la falta de respeto a los profesionales penitenciarios", a quienes no se tiene en cuenta a la hora de tomar “ciertas decisiones”.
En este sentido, señalaron que en los últimos incidentes coincide que "hay informes previos" de los trabajadores penitenciarios advirtiendo de la peligrosidad de los internos, e incluso con propuesta de regresión a grados de clasificación con un régimen de vida más restringido, "a lo que se ha hecho caso omiso, poniendo en riesgo la integridad física de quienes trabajan dentro de una prisión".
Por estas razones, los trabajadores de prisiones consideran necesario que se apruebe la legislación que dote a los trabajadores penitenciarios "de autoridad” y que estas agresiones sean consideradas "atentado" y no se salden con "meras sanciones administrativas". En definitiva, UGT y CSIF tienen declarado un conflicto colectivo con la administración penitenciaria en el que reclaman además una retribución adecuada a sus funciones, así como acceso a formación universal.