El PP de Salamanca recalca que el pago de las cuotas en las primarias se ajustó a la legalidad

El auto dictado por el Juzgado de Instrucción número dos de la capital salmantina, que imputa por financiación ilegal al Partido Popular de Salamanca, a su presidente provincial Javier Iglesias, y a la gerente de esta formación política, Isabel Sánchez García, ha provocado la inmediata reacción de los populares salmantinos.

El PP de Salamanca se ha apresurado a subrayar su "disposición total y absoluta a colaborar con la justicia para facilitar su labor", al tiempo que ha puntualizado que la citación a declarar como investigados de personas concretas "no supone en ningún caso un pronunciamiento judicial de culpabilidad, ni la imputación firme de conducta delictiva alguna".

Asimismo, los populares recuerdan que el origen de este procedimiento es "una denuncia anónima", secundada por Los Verdes-Foro de Izquierdas, que ha actuado como acusación popular. Por lo tanto, "el carácter de este proceso tiene un interés de causar un daño político por parte de un adversario que no ha logrado su objetivo en las urnas".

Los populares salmantinos puntualizan también que "lo que se dirime en este proceso son cuestiones internas de un partido político y en ningún caso tienen que ver con la administración pública, sino que se refiere a un proceso de participación interno de un partido". En este sentido, el PP salmantino insiste de forma contundente en que la actuación realizada por todos sus cargos "ha respetado siempre la legalidad vigente" y "por lo tanto, tenemos plena confianza en que, tras las investigaciones por parte de la justicia, este caso sea archivado".

Además, el PP salmantino insiste en que, durante las primarias regionales de 2017, se llevo a cabo un proceso "totalmente legal, que consistió en pagar cuotas de afiliados para ponerles al corriente de pago y que, de este modo, pudiesen participar en el proceso de primarias que tuvo lugar en el mes de marzo de 2017". El pago de deudas (cuotas) de terceros "está expresamente permitido por nuestro Código Civil, y su ajuste a la legalidad en el caso del Partido Popular de Salamanca ya fue refrendado por la propia Audiencia Provincial de Salamanca".

Además, el PP precisa que para el pago de estas cuotas, cargos y afiliados del Partido aportaron dinero de su bolsillo, "de forma voluntaria y desinteresada, en un ejercicio de colaboración entre compañeros". Se pretendía de esta forma, según la versión del PP, "hacer más democrático y abierto el proceso y que un número mayor de afiliados pudiesen participar y votar de forma libre, como así fue en realidad". El importe total de dichas aportaciones fue destinado a tal fin y "nada de lo actuado hasta ahora en el proceso de investigación judicial abierto sobre el asunto ha desmentido lo señalado", enfatiza el PP de Salamanca.

Reacción de Mañueco

Por su parte, el presidente regional del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado, al ser preguntado por los periodistas sobre la imputación del PP salmantino, de su presidente provincial, Javier Iglesias, y de su gerente Isabel Sánchez García por presunta financiación ilegal, que suscribe plenamente los contenidos del comunicado publicado por el PP de Salamanca y ha expresado su total disposición a colaborar con la justicia para el esclarecimiento de este asunto.