El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Salamanca ha admitido la medida cautelar consistente en la suspensión de la ejecutividad del Decreto de la Presidencia de la Diputación Provincial de Salamanca de 10 de octubre de 2022, solicitada por la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León, a la que ha tenido acceso este diario.

Las medidas cautelares contra el contrato de emergencia que la Diputación de Salamanca "sacó de la manga" y que materializó mediante un Decreto de Presidencia del 10 de octubre de 2022, "práctica que lleva realizando más de tres años cada seis meses, contradiciendo la sentencia del TSJCyL y su ratificación, haciéndola firme, por una Providencia del Tribunal Supremo".

Todo ello en línea con "su particular manera de entender la legalidad y las sentencias" en relación con los Servicios de Prevención Extinción de Incendios y Salvamento (Cuerpos de Bomberos). Y concretamente en este caso, la pretensión de "incumplir dicha sentencia de 27 de febrero de 2020 dictada por la sala de lo contenciosos del TSJCyL en el Procedimiento ordinario 308/2019, el cual pretendía prestar el Servicio de Extinción de Incendios por Gestión Directa, curiosamente el adjudicatario del concurso era la Asociación Humanitaria del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad Rodrigo".

Mediante ese contrato de "emergencia", los "voluntarios" de Ciudad Rodrigo, constituidos como empresa privada adjudicataria, "han prestado y por supuesto cobrado 440.000 euros cada seis meses, pese a su supuesta naturaleza de voluntarios".

La Diputación de Salamanca "engrasa el buen funcionamiento de su maquinaria de intentar burlar la ley y embaucar a la ciudadanía, vistiendo como bomberos a ciudadanos que valiéndose de la palabra voluntario, han creado un ente privado por el que cobran irregularmente, sustituyendo una profesión para la que hace falta aprobar con una oposición que ellos nunca pasaron".

Si bien, contra este acto cabe recurso, las medidas cautelares no decaen, es decir, que "desde ya debe cesar el actual contrato de emergencia citado"

Voluntarios

La Ley y las Sentencias determinan que los Cuerpos de Bomberos (SPEIS), en el ámbito de CYL, tienen que ser funcionarios y Agentes de la Autoridad, TODOS y cada uno de sus miembros. Condición no atribuible a los citados "voluntarios".

La Ley 45/2015 de Voluntariado de 14 de octubre, menciona en el punto III del preámbulo y en concreto en su artículo 3 punto 1 apdo. c: "Que se lleven a cabo sin contraprestación económica o material, sin perjuicio del abono de los gastos reembolsables que el desempeño de la acción voluntaria ocasione" Y en el punto 3 apdo. c: "No tendrán la consideración de actividades de voluntariado las siguientes Las que se realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial, mercantil o de cualquier otra mediante contraprestación de orden económico o material"

Así como el Artículo 4 de los límites a la acción voluntaria, en su apartado 2: "La realización de actividades de voluntariado tampoco podrá sustituir las Administraciones públicas en el desarrollo de funciones o en la prestación de servicios públicos a los que están obligadas por ley."

La Ley y las sentencias establecen la necesidad de que las emergencias sean atendidas por Bomberos Profesionales Funcionarios, complementados si fuera posible por "voluntarios para la extinción. Nunca a la inversa".

"Lo veníamos diciendo, solicitándolo, avisándolo, exigiendo y por último denunciando desde hace casi una década. Nadie nos puede achacar nada. La responsable ha sido de la Diputación de Salamanca y quienes la dirigen", aseguran desde la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León.

"¿Qué va a hacer ahora la Diputación de Salamanca? Que es la obligada a prestar el Servicio de Bomberos en municipios de menos de 20.000 habitantes (no de ahora, desde hace más de 37 años) de manera legal, es decir, gestión directa, con Bomberos Funcionarios y Agentes de la Autoridad. Cierto que tiene ya algunos interinos desde hace unos meses (contratados desde una bolsa de la que también tendríamos mucho que hablar) pero en un número evidentemente muy insuficiente ya sin tener que atender estos Parques que quedan ahora sin contrato, dejando a los ciudadanos de la comarca más desprotegidos. Aun siendo difícil superarse, lo han conseguido".