El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, mostró este viernes su “sorpresa” ante la denuncia interpuesta de oficio contra él por la Fiscalía en relación con el servicio de bomberos voluntarios de Ciudad Rodrigo y que, según reconoció hoy durante una comparecencia convocada de urgencia, conoció anoche mismo.

La actuación viene motivada por una demanda previa interpuesta por la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León que obligó a resolver, como medida cautelar, el contrato que vinculaba el servicio de extinción de incendios en la comarca mirobrigense a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Ciudad Rodrigo y a la propia Diputación de Salamanca, decreto puesto ahora en duda por la justicia.

“Después de leer la demanda, en la que se insinúa que había un trato de favor por mi parte hacia la Asociación de Bombero Voluntarios de Ciudad Rodrigo, mi primera reacción fue de sopores, sobre todo teniendo en cuenta que no hace ni diez días del archivo definitivo del caso de las primarias del PP y, por lo tanto, no he podido descansar más que ocho o nueve días de estas cuestiones”, comentó el presidente tras reconocer que comparecía ante los medios de comunicación por voluntad propia y “para una mayor transparencia”.

Además, se mostró “encantado” de aclarar este asunto en sede judicial si el juez, finalmente, admite a trámite la demanda. “Yo puedo afirmar categóricamente que todas las decisiones que se han tomado respecto a estos expedientes denunciados han venido siempre con el sustento y la actuación previa avalada por el informe de los técnicos. Mi única acción se ha limitado a la firma de los decretos, igual que el señor asceterio que los firma conmigo”, resumió.

En todas las decisiones que recogen dichos decretos, según el mandatario de la institución provincial, tanto por parte de los funcionarios como de su misma persona el interés que ha mediado ha sido el público. “Yo no soy jurista, pero los juristas de la casa están muy tranquilos respecto a todos los expedientes. El secretario mismo me dijo que si hubiera visto alguna cosa que no debiera ser, lo habría dicho él mismo. Está todo refrenado por informes técnicos y mi única intervención ha sido la firma”, reiteró Iglesias en declaraciones recogidas por Ical en la Sala de Comarcas del Palacio de La Salina.

Además, el presidente de la Diputación planteó que, en cualquier caso, como máximo responsable político de la institución, tampoco tenía alternativa ante unas decisiones que aún considera correctas. “En ningún caso he modificado o me he negado a firmar lo que se me ha traído por parte de los funcionarios. Sinceramente, sí los he firmado. Habría que preguntar a la Fiscalía qué pasaría si yo me hubiera negado a firmar lo que se me trae por los técnicos. Yo creo que ahí sí me hubiera equivocado. Creo que hubiera incurrido en una irresponsabilidad. No puede estar mal el haberlo firmado e, igualmente, no haberlo hecho. Una cosa y su contraria”, reflexionó.

Sobre su estado emocional, Javier Iglesias aseguró encontrarse “apenado” por varias razones. “Aunque aparezca mi nombre, se está poniendo en duda la profesionalidad y la capacidad de los funcionarios de esta casa, que en muchos caso llevan trabajando aquí décadas y yo tengo enorme confianza en su capacidad y criterio. Me apena porque, aunque busquen debajo de las piedras, todas la actuaciones están sustentadas en los informes de personas muy capacitadas y profesionales en la que confío plenamente. Si no, no podría dormir por las noches, y duermo por las noches”, refirió.

En último término se mostró igualmente apenado por la Asociación de Bomberos Voluntarios de Ciudad Rodrigo. “Yo no formé parte de su puesta en marcha, lleva 123 años funcionando de manera exquisita con gran apego y reconocimiento por parte de la población. Han prestado un gran servicio a toda la comarca y a toda la provincia. Y me apena pensar que estas personas, que han hecho una labor renunciable, tengan que estar sometidos a un escrutinio como este”, refirió.

Además, lanzó un dardo al Gobierno central para finalizar su comparecencia. “¿Cómo me puedo sentir si el día que recibo la notificación de la Fiscalía invisten en mi país a un presidente que ha comprado los votos? Si hacer un referéndum inconstitucional no es malversación, ¿lo es tener un buen servicio de bomberos?”, se cuestionó de forma retórica.

En el turno de preguntas, Iglesias, quien compareció arropado por todos los diputados del equipo de Gobierno, pidió “que haya tranquilidad” porque, según la impresión de los juristas de la Diputación de Salamanca, “no hay absolutamente nada”. Sobre el contenido de la demanda, explicó que se refiere a determinados decretos firmados por la Presidencia. “Hay técnicos que son los que saben adecuar las decisiones políticas a los trámites administrativos. Fueron los técnicos los que tuvieron la iniciativa de poner en marcha estas soluciones. Que me parecieron bien y me parecen bien”, zanjó.

El PSOE de Salamanca considera "muy grave" la denuncia

El PSOE de Salamanca ha explicado este viernes que la denuncia por malversación y prevaricación administrativa interpuesta por la Fiscalía contra el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, “es algo muy grave". Unas palabras que del portavoz socialista en la institución provincial, Fernando Rubio, quien también dudaba de las explicaciones dadas este viernes por el mandatario en rueda de prensa al respecto.

“No nos convencen, no aclaran nada sino todo lo contrario, porque no niegan su implicación o la acusación y solo son un intento de responsabilizar a otros de su presunta culpabilidad”, afirmaba.

Rubio ha informado, mediante un comunicado, la Diputación de Salamanca y su presidente, Javier Iglesias, se vuelven envueltos en una denuncia judicial que, desde su punto de vista, es “fruto de una gestión opaca y oscura que ha llevado a la institución a un desprestigio y descrédito máximo”.

Finalmente, el portavoz socialista se ha puesto a disposición de la justicia, “para aclarar todo lo relativo a esta cuestión”, y también de la propia Diputación a la que ha tendió la mano para que “el cumplimiento de la ley y la normativa en los parques de bomberos provinciales sea una realidad”.