La batalla de Berkeley contra el Gobierno de España sigue en marcha y ahora más dura que nunca. La empresa que pretende poner en marcha un proyecto de explotación de minas de uranio en la provincia de Salamanca, Retortillo, ha iniciado “un procedimiento de arbitraje contra el Reino de España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI)”.
En su opinión, “las acciones de España contra Berkeley Minera España y el proyecto Salamanca han violado múltiples disposiciones del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) y como parte de su solicitud, Berkeley Exploration Limited está buscando una compensación que de manera preliminar será del orden de 1.000 millones de dólares, unos 921 milones de euros. "Este arbitraje podría convertirse en la mayor reclamación enfrentada por España desde que José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno de España”.
“Como se anunció previamente, en noviembre de 2022, Berkeley Exploration Limited presentó una notificación escrita de una disputa de inversión al presidente del Gobierno de España y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) informándoles de la naturaleza de la disputa y de las violaciones del TCE, y proponiendo buscar negociaciones para una solución amistosa conforme al artículo 26.1 del TCE. Hasta la fecha, el Gobierno español aún no ha entablado ninguna conversación relacionada con la disputa y Berkeley Exploration Limited ha presentado ahora su solicitud para hacer valer sus derechos en el proyecto Salamanca a través del arbitraje internacional”, anuncia la empresa en una nota de prensa a la que ha tenido acceso este medio.
Esta solicitud ha sido presentada conjuntamente por equipos especializados de Herbert Smith Freehills Spain LLP y LCS Abogados, quienes representarán a Berkeley Exploration Limited en el arbitraje.
El proyecto sigue
A pesar de la disputa de inversión, Berkeley Exploration Limited asegura que sigue comprometida con el proyecto Salamanca y continúa abierta a un diálogo constructivo con España. Asimismo, la compañía está dispuesta a colaborar con las autoridades españolas pertinentes para encontrar “una resolución amistosa” a la situación de los permisos y mantiene la esperanza de que las conversaciones se puedan celebrar a corto plazo.
La multinacional recuerda que el proyecto de Salamanca será “clave” para la reactivación del empleo en un área devastada por la despoblación en las últimas décadas. Hasta la fecha, la compañía ha invertido más de 100 millones de euros en el proyecto, de los cuales más del 40% permanecieron en la región, y ha contado con más de 70 empleados.
“El proyecto Salamanca se está desarrollando siguiendo los más altos estándares de protección ambiental y sostenibilidad. En este sentido, la compañía está totalmente comprometida con promover el desarrollo local”, finalizan.