El 16% de los salmantinos está en situación de exclusión social y durante los últimos años se ha incrementado mucho la exclusión grave, que afecta cada vez más a las personas mayores, grupo de población cada vez más numeroso y donde se localizan más dificultades para vivir, recogía tiempo atrás un informe de Cáritas Salamanca.

El acceso a una vivienda digna se ha convertido en un derecho inaccesible para muchas familias. En Castilla y León es el primer generador de dificultades en la sociedad: el 20,2% de la población en exclusión está afectada por esta dimensión. Hay 143.000 personas que residen en una vivienda insegura, lo que significa que no tienen contrato de arrendamiento o que tienen notificaciones de desahucio, y 164.000 personas lo hacen en una vivienda inadecuada, es decir, que no reúne las condiciones para la habitabilidad.

Para hacer frente a esta situación surge el alquiler social, que busca proporcionar un hogar a aquellas personas o familias que tienen dificultades para acceder a una vivienda digna en el mercado debido a su situación económica desfavorable y, por ello, se encuentran en la exclusión social. La ciudad de Salamanca, en cuanto a la oferta municipal, dispone de 33 viviendas de alquiler social para la población más desfavorecida de la ciudad.

Este tipo de iniciativa busca ofrecer una solución habitacional a personas en riesgo de exclusión social, con ingresos bajos o en situaciones de vulnerabilidad, garantizando que tengan acceso a un techo adecuado a un precio asequible. El objetivo es garantizar el derecho a una vivienda digna, así como promover la cohesión social y la inclusión de aquellos sectores más desfavorecidos de la sociedad.

Desde hace una década funciona el Programa Socioeducativo de Alquiler Social del Ayuntamiento de Salamanca, con el objetivo prioritario de proporcionar una vivienda en régimen de alquiler social a los sectores de población más desfavorecidos, en situación o riesgo de exclusión social, que no pueden acceder a una vivienda digna por sus propios medios.

Se pretende que la dotación de vivienda no sea un fin en sí mismo, sino un instrumento para la incorporación social, promoción y autonomía de la persona, acompañada de apoyos en los distintos ámbitos de la vida: empleo, educación, organización doméstica y convivencia. Porque siempre se ha dicho que primero el trabajo, después la vivienda. Pero los parámetros están cambiando.

Exigencias y uso por tres años

El alquiler social de estas viviendas municipales de la ciudad de Salamanca exige a las personas destinatarias un compromiso de cambio y una contraprestación económica en concepto de alquiler, realizando los técnicos de EDIS (Equipos de Inclusión Social) del Ayuntamiento salmantino una intervención con las familias el tiempo que permanezcan en el recurso habitacional.

Podrán tener acceso a esta Programa Socioeducativo de vivienda las personas y familias que cumplan requisitos como ser mayor de edad en el momento de formular la solicitud y que no se encuentre legalmente incapacitado para obligarse contractualmente.

Es básico tener nacionalidad española o ciudadanía de un estado miembro de la Unión Europea. Las personas extracomunitarias deberán contar con autorización de residencia vigente. Además, de hallarse al corriente con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y Hacienda Local.

También es imprescindible, apuntan desde el Consistorio salmantino, que la persona demandante, ni ninguno de los miembros de la unidad de convivencia, sea titular de pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda en todo el territorio nacional, salvo en aquellos casos en los que la vivienda se encuentre sujeta a un proceso de ejecución hipotecaria, dación en pago u otro procedimiento de enajenación.

Carecer de cualquier recurso de alojamiento o posibilidad de acceder a él con sus propios medios y acreditar la necesidad de vivienda por alguna de las causas señaladas en el baremo establecido. Tener una antigüedad de al menos dos años de empadronamiento en el municipio de Salamanca.

Encontrarse en situación o riesgo de exclusión social o en alguno de los supuestos de especial vulnerabilidad, recogidos en el artículo 1.2 de la ley 1/2013, de 14 de mayo, para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, siempre que el acceso a un alojamiento temporal constituya un medio para promover su integración social. Así como destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente.

También es una exigencia fundamental que los ingresos de la unidad familiar estén comprendidos, como mínimo, entre 0,50 veces la cuantía anual del IPREM vigente y 2 veces el IPREM. En función de la composición familiar se ajustarán a lo establecido en el program.

El Ayuntamiento de Salamanca autoriza el uso temporal de las viviendas por un periodo de tres años, contados desde la entrega de las llaves. Este plazo podrá prorrogarse como máximo por dos años más cuando se acrediten crisis derivadas de fallecimiento, separaciones divorcio, enfermedad grave, discapacidad y dependencia, nacimiento de hijos, violencia de género, desempleo. Siempre que estas circunstancias se hayan producido durante los tres meses anteriores a la fecha de finalización del contrato.

Convenios para la cobertura de necesidades básicas

En Castilla y León, el 6,4% de la población estaba en el 2023 en situación de carencia material y social importante, el 1,4% más que el año anterior y el más alto desde que se publica este indicador, el 2014, cuando el indicador estaba en el 4,6%, con el 2,5 del 2019, antes de la pandemia, como menor dato.  En el 2023, un 22,4% de la población de Castilla y León estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en el 2023.

Para ello, el Ayuntamiento de Salamanca firma diversos convenios con organizaciones e instituciones sociales con el objeto hacer frente a las necesidades básicas de las familias en riesgo de exclusión social de la ciudad, priorizando las situaciones de desamparo personal y de necesidad social extrema que requieran una intervención urgente, así como la aplicación de las prestaciones de esta naturaleza susceptibles de activación inmediata. Con Cruz Roja de Salamanca el importe anual es de 120.000 euros, idéntica cantidad que con Cáritas Diocesana de Salamanca.

Pero también existen otro tipo de ayudas municipales extraordinarias. Por la Coordinación de CEAS y los Centros de Acción Social, se gestionan las ayudas ordinarias para la cobertura de necesidades básicas entre las que se encuentran las destinadas al pago de alquileres de personas con dificultades socioeconómicas, así como las extraordinarias para afrontar el pago de cuotas hipotecarias vencidas, gastos de novación, etc.

En ayudas ordinarias, en 2022, se destinó un total de 879.990,47 euros a la concesión de 707 ayudas de urgente necesidad social (cuantía promedio por ayuda: 1.244,68 euros), de las cuales 269 se destinaron a pago de mensualidades de alquiler.

En 2023 se destinó un total de 974.760,94 euros a la concesión de 627 ayudas de urgente necesidad social (cuantía promedio por ayuda: 1.554,64 euros) de las cuales 264 se destinaron a pago de mensualidades de alquiler.

En cuanto a las ayudas extraordinarias, en 2022, se destinó un total de 78.765,00 euros a la concesión de 27 ayudas extraordinarias (cuantía promedio por ayuda: 2.917,22 euros). Un total de 170 personas han sido atendidas en la Oficina de Apoyo a Familias en Riesgo de Desahucio durante el año 2022. Las familias salmantinas en situación de emergencia social, con todos sus miembros en paro, con escasos ingresos y que no puedan hacer frente a la hipoteca, podrán acceder a una prestación de un máximo de 3.474 euros en el 2022 para hacer frente a los gastos de la vivienda, mientras se trabaja en la restructuración de la deuda hipotecaria.

En 2023 se destinó un total de 127.250,00 euros a la concesión de 49 ayudas extraordinarias (cuantía promedio por ayuda: 2.596,94 euros). El Servicio Integral de Apoyo a Familias en Riesgo de Desahucio por Deuda Hipotecaria (SIAFRDDH) atendió un total de 95 familias durante el año 2023.

"Queremos una ciudad más inclusiva e igualitaria"

Desde el Ayuntamiento de Salamanca, explica a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León Miryam Rodríguez, concejala de Familia e Igualdad de Oportunidad, "trabajamos para hacer de la ciudad más inclusiva e igualitaria, y, por eso, dentro de las diferentes acciones municipales en la mejora del acceso a la vivienda, se viene desarrollando el programa socioeducativo de vivienda en régimen de alquiler social".

Su objetivo prioritario, según Rodríguez, "es proporcionar una vivienda a aquellos sectores de población más desfavorecidos, en situación de riesgo de exclusión social, que no pueden acceder a una vivienda digna por sus propios medios. Se pretende que no sea un fin en sí mismo, sino un instrumento para la incorporación social y una mayor autonomía de la persona en los diferentes ámbitos de la vida, como un complemento a las medidas de apoyo en empleo, en educación, en organización doméstica o convivencia".

Explica la concejala que "también se complementa este programa de vivienda con convenios para la cobertura de necesidades básicas y, por supuesto, con la gestión de ayudas de urgente necesidad social que ayudan cada año a muchas familias a poder pagar las mensualidades del alquiler o para evitar un desahucio".

Por lo tanto, "el catálogo de servicios sociales que se ofrecen desde el Ayuntamiento de Salamanca es muy amplio, haciendo hincapié en las ayudas para la vivienda", concluye su explicación Miryam Rodríguez.