Cientos de empleados públicos de Castilla y León se han concentrado hoy ante las subdelegaciones del Gobierno de todas las provincias, para exigir al Gobierno que se "desbloquee la negociación la mejora de las condiciones laborales y la defensa de la asistencia sanitaria en Muface".
Esta campaña de movilizaciones pone de manifiesto, según el presidente de CSIF en la Comunidad, Benjamín Castro, que la asistencia sanitaria de los funcionarios, cerca de dos millones y 100.000 personas en Castilla y León, "está seriamente comprometida, después de que las empresas aseguradoras renuncien a presentarse al concierto del Gobierno".
Estas cien mil personas de la Comunidad "están esperando, muy preocupadas, que se alcance un nuevo concierto, que asegure a los afectados un derecho adquirido desde los 1940, y evite un colapso en la sanidad pública".ç
Es que, apuntó el presidente regional de CSIF, "a partir del 1 de enero ese cerca de dos millones de beneficiarios, no tendrán donde acudir, no tienen una cartilla sanitaria donde acudir si tienen una consulta, si tienen algún problema sanitario
Castro explicó que reivindican que el Gobierno se siente a negociar sus salarios públicos, "hemos perdido un 20% de poder adquisitivo acumulado desde el 2010". Ese año se "nos recortó el sueldo una media del 10%, pero además se destruyó la estructura salarial de los funcionarios públicos".
También reivindican "el refuerzo de plantillas, que es imperativo. Nuestros servicios públicos están mermados. En los últimos años las tasas de reposición no han dejado reponer todos los efectivos que entendemos necesarios, para reforzar esos servicios públicos que recibimos los ciudadanos".
"No es baladí la Muface"
Castro abundó en exigir "esa solución de manera inmediata, porque, además, ello no es baladí. Nuestro sistema público de salud, también en Castilla y León el Sacyl, soporta una tensión insoportable, tiene una falta evidente de efectivos y ello hace imposible que de un plumazo casi dos millones de personas de pronto entran en el sistema público".
A preguntas de los medios de comunicación si alguien pueda pensar, que los funcionarios tienen una sanidad privada para ellos, el presidente de CSIF Salamanca, Federico Martín Mata, apuntó que "es un derecho adquirido desde 1941 por los funcionarios, un modelo que no elige el funcionario, sino que este es un modelo que el Estado ha impuesto a los funcionarios".
Segundo, continuó su explicación, "nosotros como sindicato es un derecho de los trabajadores que, como digo, está adquirido y que pagan mes a mes, que hay que recordar lo que parece como que es un privilegio que no pagan, sino que pagan mes a mes, ¿por qué razón tienen que rechazarlo?".
17.000 en Salamanca
En Salamanca hay 17.000 funcionarios en Muface, de esos 17.000, unos 4.000 ya han pedido asistencia sanitaria en la Seguridad Social, porque "una cosa es pertenecer a Muface y otra que compañía te presta la sanidad", explica Martín Mata.
De las tres compañías que no han licitado en este momento en Salamanca, están unos 11.000 empleados públicos. Además de ellos, hay que añadir que los jubilados siguen perteneciendo a Muface. Por tanto, "hablamos de una población en este momento en Salamanca del entorno de unos 20.000-25.000 personas a las que afectaría".
Explica Martín Mata que el cambio de esas 11.000 personas de Muface a la Seguridad Social supondría un gasto anual para el Sacyl en Salamanca "en el entorno de los 11 millones de euros". La atención en Sacyl está en el entorno de 1.500 euros por persona, y en Muface es de unos en 800 euros".