El Tribunal Supremo ha confirmado la condena al exalcalde y a la exsecretaria interina del Ayuntamiento de Hontanares de Eresma, Pedro Luis C.Ll. y María Gema de L.S, respectivamente, por un delito de prevaricación administrativa a la pena, cada uno de ellos, de ocho años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

En su fallo, el Alto Tribunal ratifica de este modo la sentencia, de idéntico tenor, dictada en diciembre de 2018 por la Audiencia de León, que absolvió a ambos del delito de malversación de caudales públicos. Se absolvió ya entonces a la ex secretaria de los delitos de falsedad en documento oficial y de estafa procesal en grado de tentativa, según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

En su sentencia, ahora ratificada, la Audiencia leonesa consideró probado que el entonces alcalde de Hontanares autorizó en 2006 a la entonces secretaria interina que realizase un máster en planeamiento y gestión urbanística, impartido por ICADE, en la sede madrileña de la Universidad de Comillas. Su importe ascendía a 10.700 euros que fueron abonados con cargo a los presupuestos municipales, sin que el gasto fuera autorizado por el Pleno.

Igualmente, en marzo de 2007, sin expediente técnico que acreditara la necesidad de creación de una plaza de técnico urbanista en ese Consistorio, sin que fuera aprobado por el Pleno y sin dotación presupuestaria, ambos decidieron crear esa plaza para que la acusada la ocupara.

Algo que, según entendía probado el fiscal, llevaron a cabo al margen de todo procedimiento administrativo y tras prescindir de los requisitos legales. Además, simularon que la plaza había sido creada por el Pleno, en su sesión del 20 de marzo de 2007.

La acusada aprobó la oposición el 14 de noviembre de 2008. Fue quien más puntuación obtuvo, dado que las bases valoraban a quien hubiera "desempeñado funciones públicas". El 22 de diciembre de 2008, María Gema L.S. solicitó la excedencia voluntaria en la plaza de técnico urbanista, que le fue concedida, pese a no haber existido nunca contrato laboral entre ella y el Consistorio.

Posteriormente, en los presupuestos municipales de 2009, la acusada hizo constar "a mano" que existía una plaza de técnico urbanista, "a sabiendas de su inveracidad" y remitió una copia a la Delegación de Hacienda y a la Delegación Territorial de la Junta, en la que sin embargo no constaba dicha plaza.

En la relación correspondiente a 2010, hizo constar la misma plaza en el original que conservó el Ayuntamiento, sin que los testimonios o copias que presentó ante las delegaciones mencionadas la reflejasen. Una actuación que repitió en 2011. Según la Fiscalía, "no resulta acreditado" que Pedro Luis Cuesta conociera esa alteración manual, puesto que se hizo con posterioridad a la firma del alcalde.

Una vez que el acusado había cesado como regidor, al igual que la acusada, el siguiente presidente de la corporación, Javier García (PP) elevó consulta al Consejo Consultivo de Castilla y León, para la revisión de oficio de la plaza de técnico urbanista. Ese órgano señaló "procedente" acordar la nulidad de la plaza, lo que se hizo. Además, el Pleno municipal acordó la nulidad de la concesión de la excedencia a la acusada.

El 26 de abril de 2012, al tomar posesión de la plaza de secretario del Ayuntamiento un titular, Gema L.S cesó como secretaria interina, lo que se publicó el 9 de abril. Ese día, la acusada solicitó su reincorporación a la plaza de técnico urbanista, que fue denegada por un decreto de Alcaldía.