La delegada territorial, Yolanda de Gregorio, ha visitado esta semana las localidades de Carbonera de Frentes y Vizmanos, donde la Junta de Castilla y León está rehabilitando sendos inmuebles municipales para incorporarlos al parque público de alquiler social que la Administración Autonómica pone a disposición de las familias del medio rural con dificultades económicas. En estas obras, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente invierte 93.523,8 euros: 45.247,95 euros en Carbonera y 48.274,85 euros en Vizmanos. El presupuesto total del programa Rehabitare ha ascendido a 236.383 euros y ha permitido generar viviendas de alquiler social en Monteagudo de las Vicarías, Noviercas, Las Cuevas (Quintana Redonda) y en las dos poblaciones citadas.
Las actuaciones forman parte del programa Rehabitare 2020, que desarrolla la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, cuyo objetivo principal es la recuperación de aquellas viviendas de titularidad municipal que se encuentran abandonadas y cuya rehabilitación y recuperación resulta interesante para el desarrollo del medio rural, a través del alquiler. La localización de estos inmuebles, situados en los cascos urbanos, permite que pueda servirse de todo tipo de servicios, por lo que se optimizan las infraestructuras existentes y no se construyen otras nuevas, a la vez que se evita el deterioro del patrimonio municipal.
La Junta de Castilla y León, en virtud de los protocolos suscritos con los ayuntamientos, se compromete a abonar los honorarios de los proyectos y estudios de seguridad y salud, a contratar las obras asumiendo el pago de su coste total y también a la contratación del equipo técnico encargado de su dirección técnica.
Por su parte, los ayuntamientos beneficiarios determinan las familias que ocuparán las viviendas, teniendo preferencia los colectivos de especial protección a que se refiere la Ley del Derecho a la Vivienda de la Comunidad de Castilla y León, esto es: familias numerosas, personas dependientes o con discapacidad, mayores de 65 años, menores de 35 años, además de víctimas de violencia de género y terrorismo, unidades familiares en riesgo de exclusión social, deudores hipotecarios, etc. Igualmente, determinan el precio del alquiler con la condición de que este no exceda de una tercera parte de los ingresos de la unidad familiar.
Yolanda de Gregorio, que ha realizado estas visitas acompañada del jefe del Servicio Territorial de Fomento, José Luis Palacios, y por los alcaldes de Golmayo, Benito Serrano, y Vizmanos, Eduardo García Pérez, ha destacado la relevancia de la iniciativa por lo que supone la aportación del programa Rehabitare, al que ha calificado como “una herramienta útil en la lucha contra la despoblación de la provincia de Soria de una forma importante, porque proporciona, al emplazamiento de la actuación y su entorno, actividad económica, atención y servicios, lo que sirve para dinamizar la economía del medio rural, debido a que las actuaciones son llevadas a cabo por empresas de la zona y proporcionan empleo local al mismo tiempo que satisface el derecho a la vivienda de las familias que más lo necesitan”.
Las actuaciones concluirán a mediados de noviembre
El inmueble que rehabilita la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en la localidad de Carbonera de Frentes, perteneciente al término de Gomayo consta de dos plantas, en la que se está adecuando como vivienda la planta primera. La planta baja ha sido usada como centro social y mantendrá su función como salón municipal. Recientemente ha hecho las veces de Ayuntamiento de Golmayo, mientas se construía el nuevo edificio que alberga las instalaciones municipales.
El proyecto presenta la rehabilitación de la planta baja para dotar de portal independiente a la vivienda. Las actuaciones comprenden el aislamiento, la distribución de espacios en la planta primera, así como la dotación de instalación de calefacción y la renovación de la red de fontanería y electricidad, a lo que se suma el equipamiento de la cocina y los acabados interiores de carpintería, pinturas, suelos y alicatados.
Tras la finalización de las obras, la vivienda estará compuesta de salón-cocina, dos dormitorios, biblioteca, un baño completo, almacén y distribuidor, accediendo a la vivienda mediante el portal y la escalera. Contará con una superficie útil total aproximada de 93 metros cuadrados.
Las obras estarán terminadas en el mes de noviembre, excepto en Vizmanos
Está prevista la conclusión de las actuaciones que se están llevando a cabo a cargo del programa Rehabitare a mediados del mes de noviembre. La excepción será la vivienda de Vizmanos, para la que se ha firmado el protocolo, pero ha necesitado una intervención previa que permitiera la reforma de la cubierta y del tejado para dotar a la nueva vivienda de la funcionalidad y habitabilidad requerida. Las obras en el inmueble comenzarán a inicios de 2021
El edificio alberga en la actualidad dos plantas, que sirven de consultorio médico, la planta baja, y centro social, la planta primera. Las obras, ejecutadas en la totalidad de la estructura, convertirán el inmueble en una vivienda unifamiliar, ya que se trasladará el nuevo consultorio médico a una ubicación cercana.
El proyecto contempla la elevación de altura de las plantas, una nueva caja de escalera, la impermeabilización de la solera, aislamiento de le envolvente, nuevos huecos en fachadas, la distribución de espacio y la reforma de la red eléctrica, a lo que se suma el equipamiento de la cocina y los acabados interiores de carpintería, pinturas, suelos y alicatados.
Las nuevas instalaciones de fontanería y dotación de instalación de calefacción y agua caliente sanitaria mediante bomba de calor y estufa de pellets dotación de instalación de calefacción y la renovación de la red de fontanería y electricidad, correrán a cargo del Ayuntamiento.
Tras la finalización de las obras, la vivienda estará compuesta de salón-comedor-cocina, escalera, dos dormitorios, un baño completo y un aseo en la planta baja. Contará con una superficie útil total aproximada de 60 metros cuadrados.
La Junta firmará un convenio con la Diputación para invertir 416.000 euros
El último Consejo de Gobierno, celebrado esta semana, ha autorizado la formalización de convenios con las nueve diputaciones provinciales de Castilla y León para la rehabilitación de inmuebles en el medio rural y destinarlas al alquiler social e integrarlas en el parque público de viviendas. El presupuesto asignado a estos convenios es de 4.264.000 euros hasta el año 2023, aportados al 50 % por cada una de las administraciones. La cuantía destinada a Soria asciende a 416.000 euros, financiada al 50 % entre la Junta y la Diputación Provincial de Soria.
Los acuerdos forman parte de la Agenda para la Población 2010-2020. La firma del convenio reconoce que el acceso a la vivienda constituye, junto con la generación de empleo y actividad económica, un aspecto fundamental para evitar la despoblación. Se enmarca en el programa Rehabitare, puesto en marcha por la Junta de Castilla y León en la anterior legislatura en colaboración con los ayuntamientos y obispados y que ahora se amplía a las diputaciones. Con este iniciativa, se han rehabilitado en Soria, hasta la fecha, 23 viviendas de titularidad municipal o eclesial con el objetivo de incorporarlas al parque público de alquiler social para ofrecerlas a familias con escasos recursos, priorizando a los jóvenes y a los colectivos especialmente vulnerables. La iniciativa, de marcado carácter social, logra fijar población en el medio rural, evita el deterioro del patrimonio existente y promueve la reactivación económica de los municipios rurales.
El convenio que se firmará con la Diputación Provincial de Soria establece que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente contratará todas las actuaciones que requiera la rehabilitación de los inmuebles o viviendas seleccionadas. La Diputación Provincial, por su parte, prestará el apoyo y coordinación necesaria con los municipios para llevar a cabo las actuaciones de rehabilitación de los inmuebles. Ambas administraciones financiarán las obras en un 50 % cada una.
En cuanto a la selección de las acciones rehabilitadoras, habrá una Comisión de Seguimiento, cuya decisión deberá basarse en los siguientes criterios: el inmueble debe ser de titularidad municipal, los municipios deberán tener menos de 5.000 habitantes y disponer de demanda de viviendas en alquiler. El coste total de la rehabilitación no podrá superar los 43.000 euros entre obra y honorarios y, en caso contrario, deberá cubrirlo el ayuntamiento correspondiente, con el que se firmarán también convenios particulares.