El viceconsejero de Infraestructuras y Emergencias de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, José Luis Sanz Merino, acompañado por el alcalde de Riaza, Benjamín Cerezo, y el delegado territorial de la Junta en Segovia, José Mazarías, ha presentado esta mañana en Riaza el bono rural de transporte gratuito que está implantando progresivamente la Junta de Castilla y León en la Comunidad y que en esta zona de la provincia de Segovia dará servicio a 52 localidades. Riaza se suma así a las zonas de Carbonero el Mayor y Cantalejo, donde ya está operativo este nuevo recurso.
Estas 52 localidades a las que dará cobertura el bono rural de transporte a la demanda gratuito que hoy se ha puesto en marcha en Riaza son: Alconada, Alconadilla, Aldealengua de Santa María, Aldeanueva del Monte, Alquite, Ayllón, Barahona de Fresno, Becerril, Campo de San Pedro, Cascajares, Castillejo de Mesleón, Castiltierra, Cerezo de Abajo, Cerezo de Arriba, Cilleruelo de San Mamés, Cinco Villas, Corral de Ayllón, Cuevas de Ayllón, El Muyo, El Negredo, Estebanvela, Francos, Fresno de Cantespino, Fuentemizarra, Gomeznarro, Grado del Pico, La Pinilla, Languilla, Ligos, Maderuelo, Madriguera, Mansilla, Martín Muñoz de Ayllón, Mazagatos, Moral de Hornuez, Pajares de Fresno, Prado Pinilla, Riaguas de San Bartolomé, Riahuelas, Riaza, Ribota, Riofrío de Riaza, Saldaña de Ayllón, Santa María de Riaza, Santibáñez de Ayllón, Sequera de Fresno, Serracín, Soto de Sepúlveda, Torraño, Valdevarnes, Valvieja y Villacorta.
4.767 ciudadanos beneficiados en la zona de Riaza
El servicio a estos 52 núcleos se atiende a través de diez rutas de transporte que prestan tres empresas concesionarias. La implantación del bono rural beneficiará por tanto a los 4.767 habitantes de estas localidades. Desde que se implantó el transporte a la demanda, lo han utilizado 30.450 viajeros de la zona de Riaza y más de 4 millones en las 123 zonas en que las está en funcionamiento en Castilla y León.
El viceconsejero de Infraestructuras y Emergencias, José Luis Sanz, ha señalado que “la protección de las personas es la señal de identidad de la Junta de Castilla y León. Trabajamos por facilitar servicios e infraestructuras de calidad en el medio rural que, en definitiva, puedan generar oportunidades Estamos al lado de los que nos necesitan intentando compensar las dificultades que conllevan vivir en los pueblos alejados de la ciudad.”
La inversión estimada por la Junta para la puesta en marcha de este sistema gratuito es de 600.000 euros anuales para las 123 zonas de la Comunidad. A esta inversión es preciso añadir los 6,22 millones anuales aportados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para sufragar el déficit de explotación del transporte a la demanda –434.583,59 euros en 2019 en la provincia de Segovia-. Sin esta financiación de la Junta de Castilla y León, el coste del servicio que habrían de soportar las personas usuarias sería aproximadamente de 10-12 euros el billete (ida y vuelta).
Las 10 zonas de transporte a la demanda que hoy existen en Segovia, en las que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente continuará el despliegue progresivo del bono rural gratuito, dan servicio a 337 localidades de la provincia, con 123 rutas que conectan a 138.938 potenciales usuarios (89.659, sin incluir la población de Segovia capital). En cuanto al Transporte de Prestación Conjunta (de uso general y escolar), la provincia de Segovia cuenta con 57 rutas que benefician a 204 localidades. Desde el inicio del transporte a la demanda e integrado, han utilizado estos servicios 229.250 viajeros, 6.111 de ellos en el año 2020, sin incluir escolares.
Modernidad, sostenibilidad, accesibilidad
Las nuevas tecnologías permiten a partir de ahora usar el transporte público de forma sencilla, tanto por jóvenes como por mayores, bien mediante el uso de una tarjeta física convencional, o a través de una aplicación descargada en el teléfono móvil que genera un código de barras con el que se accede al autobús.
Coincidiendo con la puesta en marcha del bono rural gratuito, se ha iniciado un nuevo servicio de reserva de viajes vía web que convivirá con el número gratuito 900 204 020, y que supone, junto con la utilización de una aplicación en el teléfono móvil, un salto cualitativo en la implantación de las tecnologías al servicio de la mejora del transporte público en el mundo rural. Al servicio de reserva de transporte a la demanda, que ha sido implantado por la empresa tecnológica GMV, se accede a través de la página de Carreteras y Transportes.
La puesta en marcha del bono rural de transporte se alinea con los ejes estratégicos del Mapa del Transporte, actualmente en fase de información pública, que pretende un transporte comprometido con la ciudadanía, con la sostenibilidad y con la modernización tecnológica y, sobre todo, con la movilidad en el medio rural, ya que se garantiza la accesibilidad territorial al generalizarse el transporte a la demanda.
Castilla y León, referente en movilidad pública
La Junta de Castilla y León ha venido desarrollando un sistema de transporte rural basado en las fórmulas de transporte a la demanda y transporte integrado, que incluye el transporte regular y el escolar, que ha convertido a esta Comunidad en referente en cuanto a movilidad pública.
El transporte a la demanda es un sistema de gestión de los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, mediante el cual su prestación efectiva se hace depender de una solicitud previa del usuario, optimizando los recursos tanto de la Administración como de los operadores de transporte -como dato al respecto, con el transporte a la demanda en Castilla y León los autobuses de la concesión han ahorrado 2,5 millones de litros de combustible y 7,3 millones de kilómetros de viajes (el 75 % menos que un servicio regular, convencional o presencial) y se han dejado de emitir a la atmósfera 10.000 toneladas de CO2, ya que si no hay reservas el servicio no se presta y en el caso de que se preste sólo se haría en las localidades en las que hay reserva, sin obligación de entrar en el resto de las localidades de la ruta.
Tras 17 años de funcionamiento, el transporte a la demanda ha demostrado la utilidad y ventajas de este sistema en un escenario de dispersión de población y baja densidad demográfica, y que ha conseguido que los ciudadanos de las áreas rurales tengan las mismas oportunidades para acceder a los servicios que disfrutan los habitantes de las ciudades.
El transporte integrado presta simultáneamente servicios de uso general (dirigidos a satisfacer una demanda general, siendo utilizables por cualquier interesado) y de usos más restringidos (grupos específicos de usuarios – en este caso escolares-) compartiendo un mismo vehículo, de acuerdo con las condiciones establecidas por la Administración.
Se basa en reservar (por la Administración Educativa) determinadas plazas en el transporte público regular de uso general para ser utilizadas exclusivamente por escolares y acompañante/s. El resto de las plazas vacantes pueden ser utilizadas por cualquier usuario de transporte público regular de viajeros de uso general. Estas plazas se gestionan conforme al sistema de transporte a la demanda, que permite al ciudadano hacer llegar sus necesidades de transporte a través de métodos telefónicos gratuitos y telemáticos.
La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, viene destinando al mantenimiento ordinario del equilibrio económico de los servicios de transporte público regular de uso general de su titularidad un apoyo económico anual superior a los 12,9 millones de euros.
La crisis sanitaria elevó los déficits de explotación hasta superar los 27,5 millones de euros debido a la caída de la demanda cerca de un 70% y que obligó a la Junta a utilizar fondos extraordinarios de financiación para garantizar el equilibrio económico financiero de las concesiones, lo que ha supuesto una ayuda esencial para el mantenimiento de la actividad empresarial y el empleo en el sector.
Así, en este mes de julio fue aprobada la concesión de 9,7 millones de euros de subvención a los 131 titulares de 243 concesiones de los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera para compensar el déficit de explotación y la pérdida de ingresos como consecuencia de la reducción de la movilidad correspondientes al primer cuatrimestre de 2021.