El Pleno ordinario del mes de noviembre en la Diputación de Segovia ha comenzado con un minuto de silencio por las 37 víctimas de la violencia machista registradas en España hasta el día de hoy, en el que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por lo que se ha leído una declaración institucional en la que se ha insistido en “declarar nuestro más ferviente rechazo a todo tipo de violencias contra las mujeres, considerando ésta una violación de los derechos humanos inaceptable e intolerable”.

Asimismo, se ha ratificado el compromiso firme de la Diputación “con los derechos de las mujeres, la erradicación de cualquier tipo de violencia machista y combatir cualquier discurso negacionista y posicionamiento político que niegue de la violencia de género o rechace las políticas públicas enfocadas a su total erradicación”.

Por otro lado, en la sesión se ha aprobado, con la abstención del grupo socialista la ordenanza reguladora del precio público por la estancia en los centros residenciales dependientes de la Diputación, y la finalización del concierto con la Gerencia de Servicios Sociales del Centro de Día Juan Pablo II.

En cuanto a las mociones presentadas en el Pleno, los tres grupos han presentado una conjunta para pedir una mayor intensidad de frecuencias en la línea ferroviaria que une Segovia con Madrid y Valladolid de manera que, tal y como ha señalado el portavoz del grupo popular, José María Bravo “demos voz y respuesta a los usuarios que nos han trasladado estas peticiones para que se pueda dar servicio de calidad y en cantidad a los más de 1.200 segovianos y segovianas que cada día utilizan este transporte público”.

Por su parte, el portavoz del grupo socialista, Máximo San Macario ha valorado “la buena sintonía de los tres portavoces a la hora de redactar este texto para beneficio de muchos segovianos”. En la moción, la Diputación también propone un acuerdo interinstitucional entre el Gobierno de España, la Junta de Castilla y León, la Diputación y el Ayuntamiento de Segovia para financiar un acceso directo a la estación Segovia Guiomar, así como instar a la Junta a implementar de manera inmediata su promesa de subvencionar el 24% en los abonos de los trenes a aquellas personas que trabajen fuera de los límites territoriales.

Mociones a Pleno

En la segunda de las mociones, presentada por el grupo socialista en defensa de las plazas de médicos y enfermería en la Zona Básica de Salud de Nava de la Asunción, y en la que el viceportavoz, José Antonio Mateo, ha pedido que “se vuelva a la situación que había hasta el 30 de septiembre”, tras el debate se ha llegado a un acuerdo para incorporar la enmienda planteada por el grupo mixto C’s, de manera que, a la propuesta del PSOE de instar a la Junta de Castilla y León a no eliminar ningún puesto de guardia en esta zona, se le ha añadido instar a la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad para que dote de suficientes plazas MIR a la provincia.

Tal y como ha señalado el portavoz, Ángel Jiménez, “la dotación de médicos de familia corresponde al Ministerio de Sanidad, pues bien, este año se ofrecen 8.188 plazas  para la realización del MIR en 2022, de las que cerca de 2.400 se destinan a la especialidad de Medicina de Familia, pero sólo ocho plazas serán para Segovia lo que un año más nos relega al puesto más bajo en número de plazas MIR de Medicina Familiar de toda España, un número insuficiente teniendo en cuenta que este año se han jubilado 23 médicos de familia en nuestra provincia”.

Por su parte, José María Bravo ha indicado que “al PSOE se le olvida contar la mitad del relato porque no ha tenido en cuenta que el hecho de no contar en España con una EBAU única perjudica directamente a los estudiantes de nuestra región, llenando nuestras facultades de Medicina de estudiantes de fuera que al terminar regresan a ejercer a sus provincias de origen”. Bravo también ha insistido en que “no estamos hablando de recursos económicos porque la Junta ha vuelto a subir el presupuesto para Sanidad este año, sino de escasez de recursos humanos”.

La última moción presentada por el grupo socialista sobre la puesta en marcha de varios servicios para la gestión y funcionamiento de los municipios en materia de Tesorería, Contratación y tramitación de expedientes de ruina se ha encontrado con la oposición frontal del equipo de Gobierno que ha respaldado el trabajo que se realiza desde el servicio de Asistencia a Municipios.

Para Máximo San Macario “ante la escasez de personal en los ayuntamientos, la Diputación debe tomar las riendas y ayudar a los ayuntamientos que así lo deseen, de una manera voluntaria y flexible porque es nuestro deber y obligación”. Por su parte, Ángel Jiménez ha considerado que las manifestaciones de San Macario, asegurando que el servicio que se presta es “pírrico”, es un “ataque contra los técnicos de la casa porque reconoce que es una cosa que ya se hace, pero al PSOE no le gusta cómo se hace”. Además, para Jiménez la propuesta socialista supone “un control que atentaría contra el principio de autonomía de las entidades locales”.

En esta línea se ha manifestado también la diputada de Asistencia a Municipios, Sara Dueñas que ha asegurado que “la propuesta socialista genera una mala burocracia y menos eficiencia para los ayuntamientos” y se ha insistido en que “me ofende que hable de una gestión pírrica en la tramitación de los expedientes de ruina porque hemos aumentado los recursos humanos dentro del servicio para ofrecer a los ayuntamientos para ofrecer un mejor servicio a los ayuntamientos”.  

Dueñas ha concluido afirmando que “una encomienda de gestión solo generaría burocracia innecesaria porque lo que usted plantea no supone ninguna novedad respecto a lo que ya hacemos, además, se contradicen con esta moción porque en 2018 este Pleno aprobó por unanimidad el nuevo reglamento del Servicio de Asistencia a Municipios”.

En su segundo turno de palabra, Máximo San Macario ha aludido a un informe del procurador del común asegurando que “indica que no cumplimos la ley”, ante esta aseveración, Ángel Jiménez ha acusado a San Macario de “no quedarse a gusto si no lanza en los plenos un mensaje alarmista que le dé un titular”. Por su parte, Sara Dueñas ha concluido afirmando que “lo que necesitan nuestros ayuntamientos son habilitados nacionales, secretarios-intervenciones con formación que generen seguridad jurídica, y eso es una responsabilidad del Gobierno de España, y este año sólo se incorporan dos, una cifra absolutamente insuficiente para los 42 movimientos que se han generado en este ejercicio”.