La presidenta del Partido Popular de Segovia y senadora, Paloma Sanz; los diputados, Pablo Pérez y María Cuesta; y los senadores, Juan José Sanz Vitorio y Mª Ángeles García, aseguran que "desde que llegó Sánchez a la Moncloa, la okupación se ha multiplicado en España". Explican que, según datos del Ministerio del Interior, de 2018 a 2022 se ha incrementado un 37%; y que en ese año se registraron 16.726 denuncias por okupación, "casi 46 al día". 

Para ellos, el marco legal actual se ha mostrado "poco eficaz en la protección adecuada del derecho de propiedad, porque las exigencias procesales y sus costes y plazos, suponen unos tiempos de respuesta que no se alinean con el fin de protección que debería perseguir la ley". Por ello, se muestran satisfechos porque el Pleno del Senado haya aprobado la toma en consideración de la Ley antiokupación presentada por el Grupo Parlamentario Popular y en la que se plantean cambios que permitirán proteger la propiedad privada.

Según explican, la Ley "endurecerá las penas por okupación ilegal, facilitará el desalojo de los okupas en 24 horas e impedirá el empadronamiento en las viviendas okupadas". Esta, además, "incluye los delitos en los procedimientos de enjuiciamiento rápido, establece penas para aquellos que alienten o fomenten la okupación y habilitará a las comunidades de propietarios para que puedan actuar en los procesos judiciales contra los okupas y adoptar medidas preventivas". 

De este modo, aseguran que la okupación de viviendas es "un gran problema social que se apoya en interpretaciones de la legislación efectuadas de mala fe, que atenta contra el derecho de propiedad privada, quitando la posesión de la misma al legítimo propietario y que impide a muchos pequeños propietarios obtener las rentas a las que tienen derecho por el alquiler de su vivienda, donde han depositado el ahorro".

Y es que, para los populares este hecho ilícito "ocasiona muchos problemas de convivencia vecinal, provocando una inseguridad a los vecinos de la comunidad de propietarios en la que se han instalado los ocupantes ilegales" y, además, "provoca el deterioro de los espacios y la degradación de barrios completos y genera una gran alarma social en un buen número de ciudadanos". 

Asimismo, subrayan que "no se trata tanto de colectivos antisistema, o de hechos aislados, sino de auténticas redes criminales, en muchos casos mafias organizadas, que se aprovechan los resquicios de la ley para delinquir".

Además, defienden "la tolerancia cero" en esta situación al considerar que las situaciones de vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda y la protección a las familias en situación de emergencia social "no tienen nada que ver con la okupación ilegal, porque a un okupa no se le desahucia, se le desaloja; y al vulnerable, se le protege", han añadido.