El jurista segoviano y también cronista de la Junta de Castilla y León desde 1991, Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, dedicado a atender todos los asuntos relativos a los escudos de armas y banderas de los ayuntamientos y del propio Gobierno regional, fue distinguido por la OTAN por su labor como asesor legal al servicio de la Alianza Atlántica. Un reconocimiento que se suma a la quincena de condecoraciones que le han sido otorgadas a lo largo de sus más de cuarenta años de trayectoria profesional y, entre las que destacan, algunas extranjeras como las procedentes de los gobiernos portugués, italiano y francés. 

¿Qué ha marcado sus más de cuatro décadas de trayectoria profesional?

Ejercí la abogacía desde los colegios de abogados de Segovia y Madrid desde 1982, actualmente solo desde Segovia. Además, he sido profesor de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad de Valladolid, siendo esta mi verdadera vocación. Asimismo, sobre estos temas he escrito varios artículos que me llevó a ser hecho Académico correspondiente, siendo decano de Segovia, de las Reales Academias de Jurisprudencia y Legislación y de la Historia. Por su parte, estuve muchos años en la Universidad de Lisboa como profesor y, desde 2010 y 2020, he estado trabajando con una serie de fundaciones de Ucrania y Moscú. 

Esta labor le ha llevado a ser condecorado con una de las máximas distinciones de la OTAN ¿Cuál ha sido y en qué consiste?

El reconocimiento es un premio a los méritos jurídicos que da el Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa, que se ubica al sur de Bruselas y recompensa servicios jurídicos hacia la Alianza Atlántica, es decir, una alianza militar apoyada en los mandos civiles. No tiene muchas tropas, pero tiene muchos departamentos dedicados a estudiar las necesidades de energía y jurídicas en caso de defender Europa con las armas. Esta condecoración, en el grado más alto de la OTAN, que solo la tenemos cuatro personas en España, es una recompensa a los servicios jurídicos y de asesoramientos legales al servicio de dicha Alianza y, en mi caso, también a los servicios prestados en Ucrania y Rusia antes de la guerra. 

¿Qué supone a nivel profesional y personal recibir este reconocimiento?

Son dos planos distintos. A nivel personal es una enorme satisfacción porque es un premio verdaderamente importante, de primer nivel, que me ha complacido mucho. Sin embargo, a nivel profesional, al estar retirado de la Armada, y al estar a medio camino del retiro como jurista, profesionalmente no creo que signifique tanto para mí, porque no tiene ninguna consecuencia práctica. 

Además de esta, ¿qué otras distinciones ha recibido a lo largo de su carrera profesional?

Debo ser una de las personas más condecoradas de España, porque la Corona me ha recompensado con un total de 16 condecoraciones, entre ellas, las más importantes como Carlos III, Isabel la Católica, el Mérito Militar, Naval, Protección Civil y dos veces condecorado con la Cruz de San Raimundo de Peñafort, la orden que se da a los magistrados, jueces, abogados y fiscales, en definitiva, al mundo jurídico. En cuanto a los gobiernos extranjeros con los que he trabajado, a través de España, también me han condecorado el gobierno portugués con la Encomienda de la Orden de Santiago de la Espada, la que tienen para méritos culturales, y la República Francesa me concedió la Legión de Honor hace más de 20 años y, el gobierno italiano, me ha concedido las dos principales condecoraciones. Asimismo, cuento con cinco condecoraciones ucranianas y otras cinco rusas, además de América y algunas otras. 

En el ámbito académico y, desde su experiencia, ¿cómo se encuentra la materia de Derecho?

No creo que la Universidad española esté en su mejor momento, porque se ha burocratizado muchísimo y se ha abaratado el prestigio de los profesores. Es un fenómeno que ha pasado en todos los niveles de las élites políticas y funcionariales, porque queda muy poco nivel. Los profesores, magistrados y generales son mucho más de andar por casa y la Universidad, por lo tanto, no tiene el enorme prestigio que tenía hace 35 años, donde las élites estaban mejor preparadas. En definitiva, el nivel educativo ha bajado mucho, también como consecuencia de la devaluación de los estudios y ha hecho que las grandes carreras antiguas dejen de serlo, a comparación del auge de la Formación Profesional, que sirven para el desarrollo de la industria, pero no para generar pensamiento. 

Con esto, ¿qué es para usted la Justicia?

La Justicia, contra lo que la gente cree, es una de las patas que hacen que el progreso de un país sea potente, tiene una importancia social y económica brutal porque, donde no hay justicia, la economía no se puede desarrollar. Esto lo saben muy bien los estadounidenses, que tienen una justicia feroz que es eficaz para el campo económico, cosa que en España no ocurre. La Justicia se hace un poco a medida de quienes quieren gobernar la ley, pero es fundamental que funcione muy bien, porque es una de las cosas más importantes que tiene, además de ser uno de los poderes del Estado. En este sentido, al poder ejecutivo nunca le ha interesado que la justicia funcione. 

¿Cómo funciona en Segovia?

Como en todas partes, es una justicia lenta, por lo que no se la puede llamar justicia. No tiene nada especial ni característico puramente de la provincia. Actualmente contamos con un edificio de Juzgados muy bien preparado pero los jueces y magistrados suelen decir que les faltan medios y funciona tarde y mal, pero antes, con menos medios, funcionaba mejor. Por ello, considero que el sistema está diseñado para que no funcione, es decir, los jueces dependen del Consejo General del Poder Judicial, los letrados dependen del Ministerio de Justicia, pero el personal subalterno de cada juzgado depende de cada Comunidad, por lo que el Juez, para sancionar a un funcionario que no cumple con su deber, tiene que pedir autorización a la Autonomía correspondiente. 

Entonces, y a su parecer, ¿a qué retos se enfrenta este servicio en la provincia?

El Servicio Público de la Justicia, tal y como está configurado, tiene mala solución, por lo que hay que hacer unas reformas mucho más radicales. Sin embargo, los partidos políticos no están pendientes de hacerlas, porque no tienen el interés en una justicia rápida y eficaz.