El Ayuntamiento de Borobia exige a la empresa Magnesitas de Navarra (Magna) que cumpla convenio firmado en 2009 que contempla la explotación minera y la planta de trasformación que se ubicaría en este municipio, con una proyección de empleo directo de al menos 50 personas y con preferencia hacia trabajadores con vinculación a la localidad.

Así consta en sus alegaciones al proyecto de ampliación de la mina de Borobia, de cuyo contenido informa en un comunicado, en el que se refiere especialmente a la construcción de la fábrica de obtención de óxido de magnesio, así como a una actualización del citado convenio al nuevo proyecto de ampliación, tanto en la mayor exigencia de vigilancia ambiental como a las nuevas condiciones de explotación.

Fue el pleno del Ayuntamiento quien acordó por unanimidad el pasado día 23 de febrero presentar alegaciones en el periodo de información pública abierto para el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), proyecto de explotación San Roque y Plan de Restauración presentado por la empresa Magnesitas y Dolomías de Borobia, titular de los permisos de investigación mineros, que es propiedad mayoritaria de Magnesitas de Navarra (Magna).

Hasta la fecha, señala el consistorio, la empresa matriz Magna “se ha venido excusando” en que mientras tuvo los procesos judiciales abiertos y sin tener consolidados los derechos mineros en al menos 15 cuadrículas mineras, no podía justificar empresarialmente la inversión en más 27 millones de euros.

No obstante, afirma que sí consta que tiene preparado el proyecto básico, que ha presentado también como manifestación de interés para su financiación con los fondos de recuperación y resiliencia del MITECO y Ministerio de Industria.

El Ayuntamiento de Borobia sostiene que ha cumplido su parte, habilitando hasta 41 hectáreas de terreno para la inversión de la fábrica y personándose en todos los procesos judiciales a fin de garantizar la viabilidad ambiental del proyecto en su conjunto.

También, pide la implicación de la Junta de Castilla y León, como organismo competente para la aprobación de la concesión minera y la DIA, y afirma que “no se puede concebir” que una explotación minera tan importante no deje gran parte de la plusvalía en el lugar donde se genera, en la misma localidad, provincia y Comunidad Autónoma.