El día posterior a la celebración de la reunión de presidentes autonómicos de Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha en la localidad turolense de Albarracín, la Junta ha trasladado al Gobierno de España la urgencia de aplicar las medidas que requieren los territorios más afectados por la despoblación y la revisión del sistema de financiación autonómica. ese sentido, el vicepresidente Igea ha recordado en su intervención en esta conferencia sectorial la exigencia conjunta suscrita ayer: que los parámetros que marcan las nuevas directrices sobre ayudas regionales para el periodo 2022-2027, publicadas por la Comisión Europea en abril, entren en vigor en cuanto el Ejecutivo comunitario apruebe el nuevo Mapa de Ayudas, sin esperar al año próximo. Es preciso recordar que dichas ayudas al funcionamiento pueden llegar a suponer el ahorro de hasta un 20 % en los costes laborales de las empresas instaladas en las zonas susceptibles de recibir estas exenciones, y que en áreas muy poco pobladas de los países nórdicos ya están en vigor.

Ante la exposición de las principales líneas de las 130 medidas frente al reto demográfico del Plan de recuperación, transformación y resiliencia diseñado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, desde la Junta de Castilla y León también se ha puesto énfasis en la necesidad de que los criterios de reparto de fondos sean justos, dado que debe primar el esfuerzo que supone la prestación de servicios al territorio y no fijar coberturas u objetivos por porcentaje de población; resulta un aspecto fundamental para Castilla y León, máxime en cuestiones como la conectividad, las infraestructuras, la biodiversidad o el mantenimiento del patrimonio cultural y artístico.

Otra cuestión relevante que Francisco Igea ha querido exponer públicamente ante Teresa Ribera y el resto de representantes autonómicos es que el Gobierno de España ha celebrado reuniones bilaterales sobre esta materia con algunas comunidades autónomas, y no lo ha hecho con Castilla y León, pese a solicitarlo formalmente por carta dirigida al secretario general para el Reto Demográfico, Francesc Boya, el 12 de febrero de este año. El vicepresidente Igea ha querido dejar constancia de que hay una sustancial diferencia entre hacer “una política de país frente al reto demográfico” y llevar a cabo “una política de Gobierno” que, pese a ser legítima, evidencia que desde el Gobierno de España se mantiene interlocución directa con comunidades autónomas de su mismo signo político, dejando de un lado, precisamente, a comunidades que sufren la despoblación y requieren un mayor y urgente respaldo en la puesta en marcha de medidas. Por este motivo, el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior ha reiterado la necesidad de que el Gobierno de España se reúna con las ocho comunidades autónomas que conforman el foro de regiones con desafíos demográficos.