Alrededor de 170 ucranianos han llegado a la provincia de Soria desde que comenzó la guerra hasta este pasado viernes, según indicó la Subdelegación del Gobierno, cuyo titular, Miguel Latorre, presidió hoy la reunión de coordinación para la acogida y protección de refugiados de este país, junto a la delegada territorial de la Junta, Yolanda de Gregorio, y representantes de los ayuntamientos de Soria, El Burgo de Osma, Ágreda y Almazán, la Diputación de Soria, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección Civil, INSS y las ONGs APIP-ACAM, CEPAIM. ACCEM y Cruz Roja, responsables de la recepción y atención en la provincia, según ha informado la agencia Ical.

Latorre constató que, en Soria, hasta el momento, “se está respondiendo de forma eficaz a las necesidades de acogida y protección, sanitarias y educativas de las personas que llegan” y valoró que “la experiencia de coordinación y colaboración entre las distintas administraciones públicas acumulada durante la pandemia resulta ahora de gran utilidad para atender a estas personas en todas sus necesidades”. Asimismo, se han puesto “en común los medios y formas de actuación para maximizar la coordinación entre todas las partes implicadas”.

Recordó que cuando llegan, en primer lugar se les dirige a la Comisaría de la Policía Nacional y, si es preciso, son acompañados por agentes de la Policía o de la Guardia Civil que los ayudan. Allí es donde solicitan la protección temporal, de modo que se les facilita un Número de Identidad de Extranjero -NIE- y en 24 horas disponen de permiso de residencia y de trabajo.

Seguidamente, las oenegés APIP-ACAM, CEPAIM. ACCEM y Cruz Roja trabajan en la recepción y acogida, al amparo de un programa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, mientras que la Junta presta los servicios sociales, sanitarios, de empleo y educación. Por su parte, la Gerencia de Servicios Sociales valora la situación de los menores que llegan solos o acompañados por personas que no son sus padres para garantizar su protección y la idoneidad de los adultos que los acogen.

El subdelegado del Gobierno recordó a las personas refugiadas “la conveniencia de regularizar su situación en España para facilitar su acceso a los servicios fundamentales como la sanidad, la educación o los servicios sociales”.

Además, Miguel Latorre puso a disposición todos los medios de la Administración General del Estado para “hacer más fácil la llegada y estancia de los refugiados, unas personas que están en situación muy difícil”.