Es la eterna lucha por la supervivencia. Los entornos más despoblados quieren sobrevivir atrayendo nuevas inversiones y fijando población. Pero para ello necesitan hacer más atractivos sus territorios, también fiscalmente.
Por este motivo, y aunque la fiscalidad diferenciada aprobada por el Gobierno entró en funcionamiento en enero de este año, la patronal soriana (FOES), CEOE Cepyme Cuenca y CEOE Teruel han vuelto a sellar la alianza que mantienen junto a las cajas rurales de sus respectivas provincias y la Red SSPA (Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa) para exigir que esa fiscalidad diferenciada se aplique "al máximo" vía reducciones de las contingencias comunes a la Seguridad Social, es decir, hasta el 20% que permite la Unión Europea (UE).
El pasado mes de julio fue la propia SSPA (fundada para conseguir un trato diferencial para estas provincias) la que publicó un informe en el que evaluaba el impacto real que las medidas del Gobierno habían tenido en el crecimiento económico de estas provincias al respecto.
En dicho informe, se destaca que las actuales ayudas al funcionamiento contempladas para 2023 en la ley presupuestaria han tenido "un efecto muy limitado" en la atracción de inversión y de nuevas empresas a estas zonas.