Denuncian las “graves deficiencias” de los edificios de Justicia vallisoletanos

El sindicato Comisiones Obreras de Castilla y León ha denunciado públicamente los graves problemas que está sufriendo la Administración de Justicia en la provincia de Valladolid en materia de prevención de riesgos laborales, todo ello por la “desidia y falta de interés del máximo responsable de la unidad administrativa que lo gestiona".

Dentro del Comité de Seguridad y Salud Laboral de este ámbito, el sindicato asegura que lleva un año solicitando y exigiendo que se lleven a cabo determinadas actuaciones en esta materia de prevención de riesgos laborales, que por "dejadez" de su máximo responsable no se están realizando.

CCOO-Justicia de Valladolid amenaza con acudir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como a la propia Fiscalía, si estas cuestiones no se solucionan en un corto plazo de tiempo. "Queremos seguridad para los trabajadores en los edificios judiciales, así como para los ciudadanos que acuden a diario a los mismos. Queremos una seguridad efectiva y no en pañales. Queremos soluciones ya señor Gerente y no más excusas", subrayan.

El sindicato denuncia que raro es el edificio que no tiene algún problema en materia preventiva. Así, critica que en el edificio judicial sito en la calle Nicolás Salmerón nº 5, que alberga un total de trece juzgados, existen problemas continuos de electricidad estática (acumulación de cargas electrostáticas) que sufren directamente los trabajadores destinados en el mismo.

"Lo peor de todo ello es que no se le da una solución por parte del gerente de Justicia, ni tampoco por parte del propietario del inmueble, a pesar del millón de euros anuales que se paga por su alquiler".

Censura también que desde la entrada en vigor de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, sólo se han realizado las evacuaciones y simulacros de los edificios judiciales en una ocasión, y sólo en dos de las nueves sedes judiciales que existen en la provincia de Valladolid, cuando la norma dice bien a las claras que este tipo de acciones preventivas deberían realizarse todos los años y en todas las sedes de Justicia.

Sin desfibriladores

"El gerente no quiere instalar desfibriladores en ninguna de las sedes judiciales. Por poner un ejemplo de su necesidad, al edificio judicial de la calle Angustias, 40-44 acuden una media de 1.000 ciudadanos todos los días, a los que hay que sumar los 250 funcionarios que trabajan en ella, más los abogados y los procuradores que acuden cada día los juzgados".

Los argumentos esgrimidos para no instalarlos, a juicio de CCOO, son "peregrinos. Simplemente no existe voluntad de hacerlo, cuando desde otras administraciones se está fomentando la instalación de los mismos por motivos de seguridad preventiva. Es de esperar que no ocurra nada y no nos tengamos que lamentar de su ausencia", remarcan desde el Sector de Justicia.

Pero, tal y como refiere CCOO en su comunicado, las instalaciones judiciales de la provincia tampoco salen bien paradas. Así, explica que el edificio judicial donde se ubican los Juzgados de Medina del Campo está en una situación "lamentable", pues los ciudadanos que cuentan con algún tipo de limitación de movilidad tienen que salvar cinco escalones para poder acceder a la planta baja.

"Y si esto fuera poco, si tienen que subir al primer piso para acudir a la sala de vistas, deben salvar más de una veintena de escalones. En ningún caso existe plataforma elevadora alguna o ascensor que ayude a superar estos desniveles", lamenta CCOO, que añade que el edificio judicial que alberga el Juzgado de Medina de Rioseco carece de personal de seguridad, y ello a pesar de las advertencias realizadas sobre altercados producidos en él.

"El gerente indica que no hay dinero para ello, ni tampoco para poder instalar cámaras de seguridad", asegura el sindicato.

Llamamiento de la Diputación

En este contexto, en el pleno de la Diputación de Valladolid, de fecha 17.02.2017, fue tratado el asunto de la accesibilidad de estos juzgados mediante una proposición conjunta de los portavoces de los cinco grupos políticos integrantes de la corporación provincial, aprobada por unanimidad, que instaba al ministerio de Justicia a que se tomen las medidas necesarias.

"Han transcurrido casi tres meses de este acuerdo y los problemas persisten. La verdad, la actitud del gerente y del resto de la cúpula de Justicia en Valladolid es deleznable", enfatizan desde el Sector de Justicia de CCOO.

En las próximas semanas se va a producir el traslado del Instituto de Medicina Legal a unas instalaciones sitas en la calle Doctor Cazalla, 3, sin que los delegados de prevención hayan podido supervisar las mismas, conforme exige la normativa vigente, y todo ello a pesar de las numerosas peticiones realizadas por este colectivo, que denuncia igualmente los graves problemas que se están produciendo con la implantación de las nuevas tecnologías en el seno de la Administración de Justicia.