841 compromisarios participarán en el Congreso Provincial del PP

El Partido Popular de Valladolid ultima los preparativos para la celebración de su Congreso Provincial el próximo 10 de junio en el Centro Cultural Miguel Delibes, en el que participarán 841 compromisarios de toda la provincia, que fueron elegidos en las votaciones en las que participaron 3.585 afiliados el pasado día 18 de mayo.

Esta fuerte implicación de la afiliación, se ha seguido manteniendo ahora con la presentación de enmiendas, como ha adelantado en la exposición de las ponencias a los 841 compromisarios que asistirán al XIV Congreso del PP de Valladolid el presidente de la Comisión Organizadora, Luis Miguel González Gago, al señalar que se han presentado un total de 98 enmiendas, 55 a la de estatutos y 43 a la social y económica, hasta la finalización del plazo el pasado lunes.

En el mismo acto, González Gago ha resaltado que ya quisieran para si esta participación otros muchos partidos, tanto de los tradicionales como de los llamados de nueva política, por lo exiguo en número de participantes en sus congresillos o círculos de decisión.

Ponencia política y de estatutos

En la presentación de esta ponencia a los compromisarios, efectuada por su coordinador Jose Antonio Martínez Bermejo, ha señalado que se incluye entre sus novedades la creación de un Oficina Provincial de la Transparencia del Cargo Público, como fórmula para promover que las actuaciones del Partido Popular en Valladolid y, sobre todo, de sus cargos públicos, se realicen mediante criterio de buen gobierno, responsabilidad, competencia, transparencia, eficacia y eficiencia.

Esta Oficina estará compuesta de tres miembros, un presidente y dos vocales, elegidos entre afiliados de base que no desempeñen ningún cargo público u orgánico, y realizará funciones de control interno de los cargos públicos de la Junta Directiva Provincial del partido.

Otra de las novedades de la ponencia es el reforzamiento de la figura del “afiliado” y la promoción de su participación en la vida del Partido, colocándole en el centro de la acción política, para que sea el alma y motor del partido. La propuesta de Estatutos suprime toda referencia a la figura de “militante” para evitar el establecimiento de clases de afiliados conforme a su mayor participación o no en las actuaciones del Partido.

De igual forma, como ha manifestado Martínez Bermejo, se efectúa un reforzamiento de las estructuras territoriales del Partido Popular en Valladolid. Así, a la ya existente figura de las Juntas Locales y su potenciación, se refuerza la posibilidad de crear Juntas Comarcales y, como principal novedad, las Juntas de Distrito en Valladolid capital o los municipios que, por el tamaño de su población o número de afiliados, lo permitan.

Por último, ha resaltado que se pretende una estructura menos piramidal en los órganos de gobierno del Partido, esencialmente en el órgano de gobierno por excelencia, el Comité Ejecutivo Provincial. La actual estructura dibuja hasta tres niveles de órganos unipersonales singulares -Presidente, Secretario General y Coordinador General-. La propuesta que se eleva al Congreso, establece sólo dos niveles de cargo singular -Presidente y Secretario General- y, establece con carácter potestativo la existencia de coordinadores, promoviendo así un reparto de áreas de actuación más colectivo entre los afiliados que opten a participar en el gobierno del partido. En su redacción han colaborado como ponentes Artemio Domínguez González, José Emilio González Marín y Rodrigo Nieto García.

Ponencia social y económica

Los coordinadores de esta Ponencia, Ignacio Tremiño y Mariano Gredilla, han resaltado que se ha dividido en cinco apartados, los principios del Partido y las personas, la recuperación económica, más empleo y de más calidad, unos servicios públicos de calidad, y los desafíos demográficos, incluyendo en total 191 propuestas o, lo que es lo mismo, 191 compromisos con los vallisoletanos.

Ignacio Tremiño ha destacado los valores del Partido Popular, como la libertad de conciencia, ideológica y religiosa, la libertad de educación, muy especialmente la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, la libertad económica y el libre mercado y, cómo no, la unidad de la nación española como base de la soberanía nacional.

De igual forma, ha resaltado como prioridades específicas la atención especial a los jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad y los mayores de 55 años, la accesibilidad universal, el mantenimiento del liderazgo nacional de atención a las personas mayores y dependientes, o la atención especial a las familias en riesgo de exclusión social y pobreza energética.