Recuerdo el ‘Efecto 2000’. Yo era un adolescente con una escasa relación con la informática que iba poco más allá de usar la Encarta para el juego de preguntas y hacer un poco el gamberro con el Paint. Pero una idea algo loca flotaba en el ambiente de casi cualquier conversación durante los últimos meses de 1999. El cambio de año, de siglo, de milenio, iba a suponer un trastorno, un colapso definitivo para la informática a nivel mundial y, tras ello, prácticamente tendríamos que retroceder décadas de progreso. Al final no hubo para tanto, para casi nada.

Anoche, en la madrugada del 30 de junio al 1 de julio, también había quien insinuó que sería un pequeño ‘Efecto 2000’ para el ciclo del agua; los augurios malintencionados alcanzaban a dudar de la continuidad del suministro, a una avalancha de averías y un sinfín de problemas que, nuevamente, no se han producido. Había, hay y habrá agua potable en Valladolid. Con la gestión pública primero, la privatización durante 20 años después y ahora, de nuevo, bajo la tutela del Ayuntamiento.

Una decisión política, la de recuperar la gestión pública del ciclo del agua, de gran calado y que no ha gustado ni al PP ni a Ciudadanos en el Ayuntamiento ni, como era más de esperar, a la antigua empresa concesionaria. Pero esto es parte de la normalidad democrática, ¿no? Al menos debería serlo. En los últimos meses se han podido escuchar voces, generalmente desde asociaciones o colectivos empresariales, casi escandalizadas porque un Ayuntamiento decida gestionar públicamente un servicio tan básico y esencial como el del agua.

Al margen de que pueda parecer mejor o peor la decisión, de que se considere un error o se insinúe que dará más problemas, lo determinante aquí es la autonomía del Ayuntamiento, hoy gobernado por una coalición de partidos progresistas, antes durante dos décadas por el PP y en el futuro serán los vallisoletanos los que decidan. Eso es lo bonito, poder influir, cambiar los aspectos de la vida de la ciudad que no nos gusten o revertir las cosas que se considera que se han hecho mal; canalizados a través de las propuestas y la acción de los diferentes partidos.

El tiempo, que suele ser buen juez pese al mal favor que le juega la falta de memoria colectiva, aclarará si esta es una buena decisión, si el número de averías (enorme y permanente en los últimos años) se reduce y si la mejora de la red demuestra que había una falta en inversiones como han dejado claros los estudios municipales.

Los Ayuntamientos viven en la pinza de las competencias ejercidas por el Estado y las comunidades autónomas, con concejalías como Educación, Servicios Sociales o políticas de empleo para tapar agujeros donde sus hermanos mayores no están a la altura y no atajan las necesidades de manera global. Sin embargo, la gestión de servicios como el agua o la limpieza sí es una competencia directa de las ciudades. El Ministerio de Hacienda, que se ve que va sobrado de carga de trabajo, ha intentado torpedear un proceso como este. Si hay libertad de acción para privatizar una gestión pública, lo mínimo es que también la haya para mantener un servicio público o para que vuelva a serlo.