El Grupo Municipal Sí se Puede Valladolid defenderá, en el próximo pleno del Ayuntamiento, una moción con la que busca garantizar el acceso universal a la justicia, para lo que propondrá que la Corporación pida al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que revoque la decisión por la que se unifica la tramitación de las demandas por cláusulas suelo u otras abusivas en un solo juzgado, en este caso el de Instrucción nº4 de Valladolid, que ya se encuentra colapsado.

La moción, con la que Sí se Puede Valladolid se hace eco de la oposición ya trasladada a esta medida por colectivos, miembros de la Plataforma ‘Justicia Cercana’, que integra a abogados, procuradores y ciudadanos e incluso órganos judiciales, busca garantizar que todos los ciudadanos afectados tengan acceso a una justicia de proximidad, vivan donde vivan, así como la más ágil resolución de sus casos.

La medida aprobada el pasado 25 de mayo del 2017 por parte de la Comisión Permanente del CGPJ limita a un total de 54 Juzgados de Primera Instancia de toda España la resolución de estas demandas y no contempla la creación de otros especializados en estos asuntos, lo que provocará su colapso, como ya ha ocurrido con el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Valladolid, el elegido en la provincia para aglutinar toda la tramitación. Esta situación agravará los retrasos acumulados por el sistema judicial, lo que de nuevo favorecerá a las entidades bancarias en detrimento de los ciudadanos.

“Este colapso perjudica a los vallisoletanos afectados por el cobro de estas cláusulas, que verán una vez más demoradas sus demandas. Por ello, propondremos que la Corporación pida al Consejo General del Poder Judicial la revocación de esa decisión, que sigue beneficiando a las entidades en detrimento de los ciudadanos, que ven dificultado su acceso a la Justicia”, destaca la portavoz de Sí se Puede Valladolid, Charo Chávez.

A este hecho se suma la previsión de reforzar estos juzgados con jueces de apoyo recién salidos de la Escuela Judicial, lo que no puede equipararse a una especialización que de verdad canalice y facilite la tramitación de las demandas y responda al derecho ciudadano al acceso a la Justicia. Además y en lo que al ámbito rural se refiere, esta decisión marca la senda hacia el más que posible vaciamiento de los juzgados de los Partidos Judiciales de la provincia y, en un futuro no muy lejano, hacia su supresión mientras que limita a sus vecinos la posibilidad de litigar, ya que para ello tendrán que acudir a Valladolid, lo que supone un incremento de gastos.