Ciudadanos pide una auditoría para la reforma de SODEVA

Pilar Vicente, Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Valladolid, ha explicado hoy en rueda de prensa, las “once exigencias” que la formación naranja pide al Gobierno popular de la Diputación, para que cumpla con “esa reforma integral de SODEVA a la que se comprometió el PP en el acuerdo de Presupuestos al que llegamos el año pasado”, ha indicado Vicente.

La Portavoz de Ciudadanos ha recordado que según lo firmado “la reforma integral debía llevarse a cabo antes de terminar este mes”, pero “como siempre el Partido Popular y el Gobierno de la Diputación están arrastrando los pies en su cumplimiento”.

En este sentido, Pilar Vicente ha expuesto hoy once “medidas necesarias para otorgar eficacia y eficiencia, transparencia y objetividad en la contratación de SODEVA” en pro de “nuestro compromiso con la regeneración”.

Las medidas planteadas por Ciudadanos se refieren tanto al “personal” como a la “gestión de la Sociedad” ha señalado Vicente.

Así, en cuanto a la gestión de SODEVA destacan la “realización de una auditoría” de la Sociedad;“actualizar la normativa de contratación”; realizar una memoria anual, moderna y transparente de la gestión; implantar un “sistema moderno de cobro y control de venta de entradas, control de mercancías”, etc., y la creación de un Consejo Turístico y Cultural de cara a introducir en SODEVA la iniciativa privada.

Respecto a los temas de personal, Vicente ha señalado la “importancia” de que los “directores de los centros rindan cuentas cada tres meses” de la actividad del centro; que se “verifique la Ley de Incompatibilidades”; que se desarrolle un sistema de control de personal para “controlar el absentismo laboral” y se lleve a cabo una “modificación de la RPT”. También ha apuntado la necesidad de aprobar una “normativa de acceso de personal” y la creación de “bolsas públicas de empleo”, así como que uno de los empleados de la empresa pública se encargue de captar promotores y patrocinadores.

Pilar Vicente ha incidido en la necesidad de que “los ciudadanos tengan seguridad de que se está haciendo un buen uso del dinero público”.