El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Valladolid ha desestimado íntegramente el recurso interpuesto por la Abogacía de la Administración General del Estado contra la aprobación en el Pleno del Ayuntamiento para iniciar el proceso de remunicipalización de la gestión del agua.

Así lo ha comunicado este miércoles el Consistorio vallisoletano, que ha difundido la sentencia del Juzgado de la Contencioso Administrativo que, no obstante, no es firme ya que se puede recurrir en apelación ante el mismo órgano judicial en un plazo de 15 días.

La resolución desestima de manera íntegra el recurso que presentó la Abogacía del Estado, a instancias del Ministerio de Hacienda, contra el acuerdo de Pleno tomado el 30 de diciembre de 2016 por el cual el Ayuntamiento decide gestionar de manera directa, concretamente a través de una entidad pública empresarial, los servicios públicos relacionados con el llamado ciclo integral del agua.

El servicio se presta ya por parte de la EPEL, denominada Aquavall, desde el pasado 1 de julio, pero la Abogacía del Estado presentó el recurso a finales del mes de marzo, al igual que lo hizo la empresa privada Aguas de Valladolid, como medida cautelar, la suspensión del proceso hasta que el Juzgada se pronunciara sobre los recursos, la cual ya ha sido denegada en dos instancias judiciales.

La sentencia señala, sobre el argumento del Estado de que la decisión sobre la utilización de una forma de gestión directa del agua no es la más eficiente y sostenible, que la normativa deja "amplios espacios de opción organizativa" sin que se observe que la decisión adoptada a favor de la gestión directa "se haya hecho al margen de lo que resulta de la aplicación de los principios de sostenibilidad y eficiencia".

También precisa la resolución que el modelo elegido no tiene "incidencia negativa" sobre el sistema de pago a proveedores del Ayuntamiento ni tampoco respecto al cumplimiento del plazo de pago descartándose que el Ayuntamiento asuma unos compromisos económicos de futuro en los términos que se señalan en el escrito de demanda.

Como conclusión, el juez apunta que, aunque la gestión directa elegida por el Ayuntamiento (sin órgano especial) presenta un mejor resultado económico "no puede considerarse que ello sea un dato relevante y determinante" en cuanto a las diferencias que habría si se presta a través de un organismo autónomo.

Por todo ello, se toma la decisión de la íntegra desestimación del recurso presentado por el Estado, aunque matiza que "ante las cuestiones jurídicas que plantea la cuestión sometida a enjuiciamiento y las dudas que suscita la solución aplicable", no se acuerda la imposición de costas.

La sentencia "no deja muy bien" al Ministerio 

Puente ha añadido que cree que los trabajadores de la nueva Aquavall, que fueron subrogados de la empresa privada Aguas de Valladolid, están "tranquilos", pues la resolución "ratifica" que el procedimiento "se ha hecho de manera correcta".

Mientras tanto, la concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Valladolid, María Sánchez, ha considerado la resolución como una "muy buena noticia", pues es el primer recurso, de los tres presentados, que se falla a favor de los intereses del Ayuntamiento. Quedan aún por resolver los presentados por la patronal de las empresas dedicadas a la gestión pública y el de la empresa concesionaria, Aguas de Valladolid, perteneciente a Aquona.

Sánchez ha explicado que la sentencia señala que la posible falta de firmas en el informe realizado en el Ayuntamiento "no tenía transcendencia" y que el Consistorio "procedió como debía proceder" de acuerdo con las distintas legislaciones sobre la materia.