En la reunión mantenida por la Plataforma Social con Nuria González, Secretaria General Provincial, y Azucena Pérez, Secretaria Autonómica de Política Social de UGT, se analizó la falta de medios humanos para desarrollar programas de intervención social dirigidos a la prevención y promoción de los colectivos en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo.

Como consecuencia de la pérdida de empleo, y la precariedad del que se está creando, las familias que tenían una situación normalizada antes de la crisis se encuentran ahora en una situación de vulnerabilidad, con el riesgo de caer en la exclusión estructural. Riesgo que es mayor en el caso de los hijos e hijas de dichas familias. Ello viene a sumarse al importante colectivo social de personas y familias que se encuentran ya en situación de exclusión social.

En la reunión se valoró que, como consecuencia de la falta de equipos multidisciplinares, la práctica totalidad de las actuaciones que se desarrollan desde los servicios sociales son de carácter paliativo, sin que se puedan realizar intervenciones sociales que hagan posible salir de la situación de exclusión.

La Plataforma Social planteó que es necesario que a los equipos de CEAS se incorporen otros profesionales, como educadores sociales, psicólogos o animadores socioculturales, con el fin de disponer de equipos multidisciplinares. Esto permitiría realizar con eficacia una intervención comunitaria con las familias y los menores. Actualmente estos equipos están formados, en su mayoría, por profesionales que desarrollan su trabajo saturados, con procedimientos muy cerrados y burocratizados por las intervenciones asistencialistas (impuestas por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta), y principalmente en todo lo referido al ámbito de la dependencia, lo que redunda en una limitación en la calidad de la atención prestada.

Desde UGT se considera que, en las conversaciones que se desarrollen en el contexto del diálogo social, sería necesario incorporar nuevas líneas de actuación conjuntas entre los servicios sociales y las políticas de empleo, que permitan una intervención integral con las familias y menores, garantizando así su adecuada inclusión social.