Los comparecientes citados a la Comisión de Investigación sobre la gestión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) que han asistido a la sesión celebrada este jueves, entre los que estaban el técnico de la oficina ferroviaria Javier Llorente y el secretario del Ayuntamiento, Valentín Merino, han recalcado que el exalcalde de la ciudad, Francisco Javier León de la Riva, no informó a personal municipal sobre el trámite de firma de la Carta de Conformidad por la que se dio garantía al préstamo de 404 millones de euros suscrito por la entidad en el año 2011.

En una extensa sesión, de 3 horas y media de duración y en la que también ha intervenido la funcionaria Irene Serrano, la comparecencia más larga ha sido la del secretario del Ayuntamiento, quien ha llegado a manifestar que el portavoz del Grupo Municipal Popular, Antonio Martínez Bermejo, ha "puesto en duda" su declaración ante el juez por el caso de la Carta de Conformidad.

Merino ha reiterado sus explicaciones de que, durante la etapa del 'popular' León de la Riva ni él ni otro representante del equipo de Gobierno le informó sobre el proceso de firma de la Carta de Conformidad, ni tampoco el exalcalde se ha puesto en contacto con él para explicarle este asunto cuando posteriormente se ha dado a conocer su existencia.

De hecho, ha aseverado que no tuvo conocimiento de esta Carta de Conformidad hasta que a finales de 2015 el actual equipo de Gobierno comenzó a plantear su irregularidad y la posibilidad de iniciar los trámites para su anulación. "En ese momento comencé una investigación", ha matizado el secretario, que ha reconocido que tuvo que estudiar "en profundidad" documentación sobre este tipo de trámite mercantil.

Merino ha matizado que él no se habría opuesto a este documento, sino que primero lo habría analizado y estudiado, si bien una vez se ha tenido constancia de la situación y de las posibles consecuencias que tendría en caso de reclamación de los acreedores --100 millones de euros para el Ayuntamiento-- estuvo de acuerdo con que el Ayuntamiento "defendiera sus intereses" mediante la anulación del documento.

"Los acreedores hubieran ido a por el Ayuntamiento y si este documento no estaba correctamente tramitado la obligación era defender los intereses municipales", ha recalcado el secretario, quien ha reconocido que no considera "imprescindible" la apertura de la vía penal contra el exalcalde del PP y los dos exconcejales Alfredo Blanco y Manuel Sánchez.

Con respecto a Blanco, ha incidido en que la Carta de Conformidad estrictamente sería competencia del Área de Hacienda de la que era responsable, pero ha matizado que desconoce si el edil y los trabajadores a su cargo tenían conocimiento de la situación.

Un pleito “largo y problemático”

Aunque ha insistido en que no es un conocedor de las cuestiones económicas del Ayuntamiento, a la pregunta por parte del portavoz del PP, ha precisado que las consecuencias "jurídicas" de la firma de la Carta de Conformidad podrían haber sido "muy claras", ya que, si hubiera llegado a iniciarse una disolución de la SVAV, como parecía a finales de 2016, "el gran conflicto habría sido la Comfort Letter" y se habría llegado a un "pleito largo y problemático", pues los bancos, como acreedores, "no se habrían conformado" con la declaración de nulidad del documento, la cual ya se encontraba recurrida. Sin embargo, ha destacado, los socios de la SVAV han preferido apostar por buscar "otro camino" para el acuerdo y llegar al actual nuevo convenio.

Con respecto a este documento, firmado el pasado 20 de noviembre entre el Ayuntamiento, la Junta y Adif, Valentín Merino ha apuntado que recoge una cláusula específica para actuar en el caso de incumplimiento de las obligaciones, algo de lo que carecía el convenio original de 2002. Sin embargo, ha apuntado que el Ayuntamiento sí que podría haber estado amparado por la legislación para exigir a los otros socios el cumplimiento del acuerdo que incluía el soterramiento de las vías del ferrocarril. Esto hecho ha sido destacado por la portavoz de Ciudadanos, Pilar Vicente.

Por su parte, el técnico Javier Llorente ha defendido que el actual equipo de Gobierno ha trabajado por el poryecto de soterramiento hasta la etapa entre el finales de diciembre de 2016 y febrero de 2017, cuando "Juan Bravo --presidente de Adif-- dice que hay que ir a la integración en superficie". Martínez Bermejo ha criticado que después de en ese periodo el Gobierno municipal no haya pedido a los técnicos un informe a favor del túnel.

Por otro lado, la figura del asesor ferroviario de León de la Riva, Carlos Baró, ha vuelto a estar presente en la sesión, pues Valentín Merino ha calificado de "sin precedentes" el papel que tenía en la toma dedecisiones sobre el proyecto, aunque ha matizado que "no había irregularidad" en su contrato.

Así, ha recordado que el arquitecto fue "el único representante del Ayuntamiento" en una reunión de la SVAV cuando sólo figuraba como asesor. No obstante, ha precisado que podría haber sido designado como representante técnico del Consistorio para acudir a esos encuentros.

En este sentido, el socialista Pedro Herrero ha dado por "acreditado" que Baró trabajaba también para otras áreas homogéneas y a la vez "daba órdenes" a los funcionarios del Ayuntamiento. "Un proyecto de centralidad como el Plan Rogers competía con las áreas homogéneas, algo que no tenía sentido", ha lamentado el concejal.

Próxima sesión

Al finalizar la reunión, la presidenta de la Comisión, Charo Chávez, ha explicado que la próxcima reunión queda establecida para el 14 de diciembre a las 9.00 horas, cuando se buscará cerrar la lista definitiva de los comparecientes técnicos que faltan y tratar de plantear un calendario en los próximos meses con los políticos que se pretende que acudan a la Comisión, con el fin de facilitar el trabajo a los grupos. Chávez ha abierto la puerta a limitar la duración de las intervenciones y de las preguntas de los grupos, ya que la sesión de este jueves ha sido muy extensa.

Por otro lado, la concejal de IU María Sánchez ha reprochado que el portavoz del PP haya querido cuestionar una vinculación política pasada de la funcionaria Irene Serrano, así como que reclame que el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, que hoy no ha asistido a la Comisión por tener una reunión en Madrid, no debería estar presente cuando comparezcan técnicos de su área.