La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado de que en unos meses podrían desaparecer más de 50 funcionarios de Justicia en la provincia de Valladolid si el Gobierno no prorroga antes de julio la suspensión de la aplicación de la Ley 20/2011 del Registro Civil, para evitar así que entre en vigor.

Según ha explicado el sindicato a través de un comunicado recogido por Europa Press, la activación de esa normativa supondría la desaparición de los registros civiles tal y como se conocen hasta ahora, desde su creación en 1870. CSIF precisa que estas competencias y tareas se desligarían del Ministerio de Justicia por lo que podrían suponer el desmantelamiento de los juzgados de paz.

CSIF ha manifestado a este respecto su "rotundo y frontal" rechazo a la nueva Ley del Registro Civil por la supresión de funcionarios de Justicia y por el deterioro del servicio del Registro Civil que se produciría, "especialmente en el medio rural".

Según sus cálculos, en Valladolid se podrían suprimir 15 puestos en el Registro Civil de la capital, tres en los juzgados de Medina del Campo y Medina de Rioseco y unos 35 en las agrupaciones de juzgados de paz de la provincia. En el ámbito de Castilla y León, los funcionarios afectados rondarían los 400 y en toda España el número de puestos en riesgo ascenderían a unos 4.000, "muchos de ellos en los juzgados de paz que, inicialmente, se salvaron gracias al acuerdo de 2014 firmado por CSIF".

El sindicato ha considerado "de máxima prioridad" que salga adelante una nueva 'vacatio leguis' que permita abordar "sin cortapisas" el nuevo modelo que debe regular el Registro Civil.

En palabras de la responsable del sector de Justicia de CSIF en Valladolid, María Jesús Zamorano, el ministro del ramo, Rafael Catalá, debe cumplir su compromiso de que el Registro Civil se gestione por funcionarios de Justicia. "Sólo así se podrá conseguir preservar sus grandes activos; esto es, un servicio público gratuito, próximo al ciudadano y avalado por la experiencia y conocimiento de los funcionarios de la Administración de Justicia".

Dicho esto ha abogado por dotar a los registros civiles del material, el personal y los medios informáticos y técnicos suficientes y necesarios" y ha insistido en que si el Registro Civil sale de la Administración de Justicia se puede poner en peligro la continuidad de los juzgados de paz tal y como se conoce hasta ahora "con la consiguiente pérdida de servicios que ello supondría para el medio rural y el deterioro en la proximidad de la Justicia para un conjunto de población de edad cada vez más avanzada y con dificultades para acceder a servicios básicos que deben ser garantizados".

En este sentido, ha reivindicado que en una Comunidad como Castilla y León y en una provincia como Valladolid se deben atender las necesidades del medio rural no sólo para frenar la despoblación, "sino para garantizar la calidad de vida de las personas que viven en él".

"Tendemos la mano a grupos políticos, instituciones, ayuntamientos y agentes sociales de la provincia en defensa del Registro Civil, así como de los juzgados de paz", ha sentenciado.