La lista de investigados como consecuencia de las diligencias judiciales abiertas sobre filtraciones en las preguntas del examen celebrado el 2 de octubre de 2016 para la provisión de una docena de plazas de conductor de bombero en la Diputación de Valladolid ha pasado de los cinco iniciales a un total de dieciséis, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Así lo ha acordado el titular del Juzgado de Instrucción número 1, José María Crespo, quien de este modo suma once nuevos investigados a la lista de cinco inicialmente integrada por el jefe del Servicio de Extinción de Incendios, Juan Carlos A.C; Javier T.F, el opositor que sacó un 9 y supuesto beneficiado de la filtración, así como por Félix A.P, jefe del Parque de Tordesillas; Miguel Ángel P. y José Luis G, jefes de los parques de Peñafiel y Medina de Rioseco, respectivamente.

La investigación da un giro por cuanto entre los once nuevos investigados, que han sido citados a declarar en tal condición el próximo día 7 de junio, figuran cuatro opositores que sacaron plaza en el concurso y, lo más llamativo, otros siete que no aprobaron y de los que cuatro recurrieron la prueba por la vía contencioso-administrativa al sentirse perjudicados y tras denunciar que el cuestionario del examen había sido filtrado.

En noviembre del pasado año ya fueron citados a declarar como investigados el máximo responsable del Servicio de Extinción de Incendios de la Institución provincial vallisoletana, tres jefes de los parques de Tordesillas, Peñafiel y Rioseco, y el opositor que obtuvo un 9.

La citación de entonces y la nueva se enmarcan en las pesquisas abiertas a petición de la Fiscalía de Valladolid a raíz de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 que desestimó el 27 de julio de 2017 el recurso presentado de los aspirantes a la prueba que denunciaron filtraciones.

Aunque el juzgador no estimó las pretensiones de los recurrentes, sí observó la existencia de una serie de irregularidades en la celebración de la prueba, dado que algunos de los opositores reconocieron haber tenido acceso a las preguntas y que algunos funcionarios de la Diputación de Valladolid, entre ellos algunos jefes de parques de bomberos, podrían ser los responsables de la filtración.

Ante ello, el juez dio traslado de lo actuado a la Fiscalía de Valladolid por si los hechos fueron constitutivos de infracción penal, con lo que la acusación pública acordó la apertura de una investigación recaída en el Juzgado de Instrucción 1, que ahora amplía la lista de investigados hasta los dieciséis.

Grabaciones y vídeos

Los recurrentes aportaron en su día al Juzgado de lo Contencioso Administrativo pruebas en forma de grabaciones, vídeos y otros documentos, convenientemente peritados, con los que esperaban demostrar las irregularidades cometidas y el trato de favor recibido en la primera prueba por algunos de los concursantes por parte de varios integrantes del tribunal.

La presentación de los recursos de alzada por parte de quienes se sentían perjudicados, de los cerca de 600 presentados a la prueba, partía de la primera criba realizada entre los más de treinta aprobados tras constatar, según denunciaban, que la totalidad o parte del cuestionario, formado por cincuenta preguntas, había sido filtrado entre algunos de los aspirantes.