El depósito de residuos industriales autorizado a Urbaser en San Martín de  Valvení (Valladolid) intercepta un corredor ecológico protegido por el Plan  Regional del Valle del Duero.

Por Sentencia nº 679, de 5 de julio de 2018, la Sala de lo Contencioso  Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL)  ha anulado la autorización ambiental otorgada en octubre de 2016 por la  Junta de Castilla y León a Urbaser, antigua filial de la constructora ACS  hoy propiedad de la compañía china Firion Investments, para la construcción  de un vertedero de residuos industriales no peligrosos en el municipio de
San Martín de Valvení (Valladolid).

El nuevo vertedero de residuos industriales se proyectaba con una capacidad  de 2,5 millones de toneladas de residuos, en una vaguada del páramo de  Bárcena situada a 800 metros del río Pisuerga, aguas arriba de las  localidades de Cabezón, Santovenia de Pisuerga y Valladolid, en un tramo  declarado como Zona Especial de Conservación dentro de la Red Natura 2000 de  la Unión Europea.

El Plan Regional del Valle del Duero cataloga las cuestas donde se emplazaba  el vertedero como Corredor de Enlace dentro de la Red de Corredores  Ecológicos del Territorio Duero, circunstancia que fue omitida por el  informe urbanístico realizado por la Diputación Provincial de Valladolid.  Según el artículo 36 de dicho Plan, "los corredores ecológicos deben  mantener la continuidad de su cubierta vegetal y su potencial como elementos
conectores entre áreas de interés ecológico".

Según la sentencia, la aplicación "básica" que se otorga al citado artículo  36 en el Plan Regional del Valle del Duero "comporta su vinculación en  cuanto a sus fines, esto es, en este supuesto para la conservación de la  continuidad de los corredores ecológicos, lo que no se cumple en este caso  toda vez que esa continuidad se interrumpe con el vial proyectado en el CITR  . Por ello, ha de anularse la  autorización ambiental impugnada".

En cambio, el TSJCyL desestima que la protección otorgada a los terrenos por  el Plan Especial de Protección del Medio Natural y Rural "Soto de  Aguilarejo", de carácter supramunicipal, promovido por la Diputación y aprobado por la propia Junta de Castilla y León en el año 1989, impida también el otorgamiento de la autorización ambiental, toda vez que la  normativa de dicho Plan Especial no ha sido publicada hasta la fecha en un
Boletín Oficial, por lo que no ha entrado en vigor.

Resulta esperpéntico que la Junta de Castilla y León haya autorizado un  vertedero de residuos en unos terrenos donde esta actividad está prohibida  por unos planes que ella misma ha aprobado. Se trata además del tercer  vertedero de esta naturaleza concedido a Urbaser, tras los aprobados  mediante ley en Santovenia de Pisuerga (Valladolid) y Fresno de la Ribera  (Zamora).

Al margen de la protección urbanística de los terrenos, Ecologistas en  Acción recuerda que el nivel de las aguas subterráneas se ha localizado a 6 metros por debajo del vaso del vertedero proyectado, que se habría ubicado  sobre terrenos que en varios de sus tramos tienen permeabilidades más de  1.000 veces superiores a la máxima establecida legalmente, por la presencia  de calizas y yesos afectados por procesos de disolución cárstica. Todo ello  en las proximidades del río Pisuerga.

Se trata por lo tanto de un emplazamiento inaceptable desde el punto de  vista de la seguridad ambiental, con los mismos problemas que el cercano  vertedero de residuos tóxicos de Santovenia de Pisuerga, del que constituye  en realidad el recambio dado su avanzado grado de colmatación y los  problemas legales que arrastra, por lo que el nuevo proyecto de Urbaser era  un despropósito.

De hecho, como la Junta de Castilla y León reconoce en su propia  autorización ambiental, el emplazamiento de San Martín de Valvení fue  desestimado en 2009 por la Consejería de Medio Ambiente en el concurso que  convocó para seleccionar la ubicación más adecuada para un vertedero de  residuos industriales en el eje Valladolid-Palencia.

Ecologistas en Acción se felicita de la sentencia judicial y espera que la  Junta de Castilla y León archive el expediente de declaración de Proyecto  Regional para este vertedero, revisando su política en materia de residuos,  destinada al vertido y la incineración de los desechos industriales en lugar  de priorizar la reducción, la reutilización y el reciclado, como establece  la Ley estatal de Residuos.